El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, aseguró que la Ley de Amnistía promulgada por el Ejecutivo “cierra una brecha de injusticia” contra personas procesadas por su participación en la lucha contra el terrorismo. La norma beneficiará a quienes enfrentan procesos por hechos ocurridos entre 1980 y 2000, muchos de ellos con investigaciones abiertas por más de 25 o incluso 40 años sin sentencia.
“Una persona no puede ser perseguida de por vida ni estar bajo sospecha indefinidamente. Esto es una grave violación a la dignidad y al derecho a un plazo razonable reconocido por la Corte Internacional y el Tribunal Constitucional”, señaló Alcántara en declaraciones a TV Perú.
El ministro explicó que la ley también tiene un componente humanitario, pues permitirá que personas mayores de 70 años, con sentencia cumplida o en curso, y que se encuentren en condiciones de salud críticas, puedan acceder a beneficios. “Hemos visto casos de personas privadas de libertad en condiciones deplorables, con enfermedades graves o amputaciones. No se puede mantener a una persona en esas circunstancias”, indicó.
Según estimaciones preliminares, alrededor de mil personas podrían acogerse a la norma, siempre que un juez evalúe cada caso de forma individual. Alcántara negó que se trate de una ley de impunidad: “Es una norma de justicia. Si después de décadas no se ha podido establecer responsabilidades, es imposible que el proceso continúe”.
Respecto a las observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ministro aseguró que la medida provisional emitida no cumplía con los requisitos previos, por lo que se procedió con la promulgación. Añadió que quienes se consideren afectados pueden recurrir a las instancias nacionales y, posteriormente, a la Corte, ya que Perú sigue siendo parte de ese organismo internacional.
