El nuevo ministro de Justicia, Juan Alcántara Medrano, fue cesado en 2014 por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tras considerar que no tenía una conducta adecuada para su labor fiscal, especialmente por su actuación en casos de tráfico ilícito de drogas.
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Según la resolución del CNM, Alcántara recibió tres sanciones disciplinarias y acumuló decenas de quejas y denuncias. Entre las más graves, destacan tres casos denunciados por la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, donde se cuestionó su “actuar benevolente” ante detenidos con 20 y 21 kilos de clorhidrato de cocaína, y mil kilos de ácido sulfúrico, insumo clave para la elaboración de drogas.
El CNM determinó que el entonces fiscal mostró “deficiencias en la motivación de sus dictámenes, falta de criterio y sustento jurídico” al solicitar penas menores o al no tomar medidas contra bienes incautados, como vehículos. Por unanimidad, los consejeros decidieron no renovarle la confianza, calificando su trabajo como “no idóneo” por bajo rendimiento y graves faltas éticas.
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Cuestionamientos a su designación en el Ministerio de Justicia
El nombramiento de Alcántara como ministro de Justicia el pasado 14 de mayo generó críticas inmediatas, especialmente por su cercanía con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien ha sido señalado por su influencia en varias designaciones dentro del gobierno.
Descargos del ministro
En respuesta, el Ministerio de Justicia alegó que la no ratificación en el cargo no representa una destitución ni implica la comisión de actos ilícitos, y que Alcántara trabajó con sobrecarga procesal en La Oroya. Según el ministro, “lo que antes hacíamos dos fiscales, hoy lo hacen nueve”. Además, sostiene que el fallo del CNM fue una pérdida de confianza temporal, no una inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Aun así, la resolución del CNM fue clara: Juan Alcántara “no observó una conducta adecuada” para el cargo y mostró una “actuación indebida en el procesamiento de imputados por tráfico de drogas, delito de gran trascendencia social”.
