El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que el debate sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) en la próxima legislatura debe ser “técnico y no político”, enfatizando que se trata de una norma técnica que busca la formalización del sector minero.
Juan Castro instó a los legisladores a apoyar la legalidad y la formalización, recordando que el Gobierno no dará marcha atrás en su decisión de exigir que todos los mineros, incluidos los pequeños y artesanales, cumplan con las normas ambientales, sociales y tributarias.
“El Gobierno ha tomado una decisión y no hay marcha atrás. Lo que buscamos es la formalización de todos. Así como exigimos que la gran minería cumpla con las normas ambientales, sociales y tributarias, también la pequeña minería debe cumplir”, dijo a Andina.
El ministro del Ambiente destacó que el proceso de formalización lleva 23 años y que no se puede prolongar indefinidamente.
Señaló que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) cerró inscripciones en 2020 y que actualmente hay 31,000 mineros activos registrados, mientras que más de 50,000 registros inactivos han sido excluidos.
El plazo para formalizarse culmina el 31 de diciembre de 2025, y quienes no regularicen su situación quedarán fuera de la legalidad.
En paralelo, el Congreso ha debatido la Ley MAPE, con posiciones divididas. La Comisión de Energía y Minas rechazó recientemente un predictamen que mantenía las condiciones del Reinfo, lo que fue criticado por perpetuar la informalidad.
El debate continuará en la próxima legislatura. “Nosotros esperamos que en la nueva legislatura podamos discutir de una manera muy técnica lo que se quiere de la minería en el país. No una discusión política porque la norma es una norma técnica”, señaló Juan Carlos Castro.
Agregó: “quien haya querido formalizarse ya lo hubiera hecho, aquí existe grupo que no quiere hacerlo y que nadie los fiscalice”.
Se plantea que la ley debe ir más allá del registro, garantizando fiscalización técnica, trazabilidad y responsabilidad en toda la cadena minera para evitar la informalidad encubierta.
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