Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, propuso modificar el Código Penal para establecer la inhabilitación permanente de los funcionarios públicos que revelen información reservada en el contexto de una investigación penal o policial.
“Crear un tipo penal en el caso que un funcionario, fiscal, juez, policía, revela información secreta de una investigación. Asegurar que estos funcionarios que trasgredieron la norma sean separados de manera definitiva de su cargo. Esta medida es clave para proteger a los ciudadanos y la reserva que debe tener toda investigación, y así evitar la impunidad y salvaguardar la integridad del denunciante y el desaliento de querer denunciar un acto”, manifestó.
En ese sentido, Tiburcio planteó elevar de 5 a 8 años la pena prevista en el artículo 368 del Código Penal “por resistirse o desobedecer a la autoridad”, con el argumento de que una sanción más alta resultaría “verdaderamente disuasiva”.
“Incrementa la pena por resistirse o desobedecer a la autoridad. Artículo 368 del código penal. Elevando la pena de 5 a 8 años para que sea verdaderamente disuasiva”, sostuvo.
Premier Ernesto Álvarez rechaza que pedido de facultades incluya “Ley Mordaza”
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso incluya una ‘Ley Mordaza’ que limite la labor periodística.
El proyecto solicita autorización para legislar durante 60 días en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.
La controversia surgió por el punto 3.1.5 del documento, que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y policiales, además de establecer inhabilitación para quienes incurran en esta conducta. El titular de la PCM aseguró en entrevista con RPP que esta medida no está dirigida a periodistas ni a investigaciones de prensa.
Según explicó Álvarez, la iniciativa busca sancionar penalmente a quienes alertan a investigados o facilitan fugas durante operativos, muchas veces desde dentro de las propias instituciones.
El premier sostuvo que la propuesta apunta a proteger procesos judiciales y policiales frente a la infiltración del crimen organizado y afirmó que la prensa es “un aliado” en la lucha contra la delincuencia.
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