El titular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que el Ejecutivo se encuentra dentro del plazo para decidir sobre la promulgación de la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia, destacando la importancia de un sistema judicial que garantice la protección de la ciudadanía.
Restitución de la detención preliminar
En declaraciones a la prensa, Arana indicó que el análisis de esta norma está en curso y que el Ejecutivo pronto emitirá su opinión al respecto.
“Hemos recibido una serie de normas que son objeto de análisis. El premier ya lo ha mencionado: estamos dentro del plazo, y pronto tendrán el resultado de la opinión del Ejecutivo respecto a esta autógrafa”, expresó.
El ministro también subrayó que las normas deben estar alineadas con la realidad nacional, tal como lo han señalado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
“Hay normas que, a veces, en lugar de poner a los culpables, afectan a los inocentes. Otras se usan con fines ajenos a la lucha contra la criminalidad”, afirmó.
Debate sobre la pena de muerte
El pasado 27 de diciembre, Eduardo Arana participó en el inicio del debate nacional sobre la posible aplicación de la pena de muerte en casos de violación de menores, realizado en Trujillo. Anunció que se llevarán a cabo jornadas similares en otras regiones del país para recoger opiniones de diversos sectores.
“La sociedad civil no se limita a 4 o 5 expertos que aparecen en televisión. Debemos escuchar a las fuerzas vivas de cada región para saber si están a favor o en contra de la pena de muerte”, señaló.
Arana aclaró que el Gobierno aún no ha tomado una posición sobre esta propuesta presentada por la presidenta Dina Boluarte semanas atrás.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Gobierno no tienen una posición ni a favor ni en contra. Este no es un debate para tener réditos políticos, sino un espacio sincero para recoger las impresiones de la ciudadanía”, remarcó.
Un sistema judicial acorde a la realidad
Arana insistió en la necesidad de que las normas legales sean efectivas y protejan a la población de manera justa, asegurando que el Ejecutivo continuará evaluando propuestas para fortalecer la lucha contra la criminalidad sin vulnerar derechos fundamentales.
