Jaime Romero Bonilla fue nombrado nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tras la renuncia de David Hernández. Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 007-2025-MTC, publicada este lunes 21 de julio en el diario oficial El Peruano.
En declaraciones a los medios tras la mesa de trabajo realizada este martes sobre el proyecto del tren Lima-Chosica, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió a la reciente salida de David Hernández de la presidencia de la ATU. Al respecto, señaló que “todo funcionario tiene un ciclo”.
“Necesita la institución tomar el rumbo y tomar los lineamientos actuales en que el Ejecutivo tiene su visión. Hemos evaluado a la persona que tiene la experiencia y la capacidad para que en esta etapa corresponda ir en esa línea de la política de Estado”, manifestó.
En ese sentido, cuando fue consultado por RPP respecto a las acusaciones de colusión agravada que enfrenta Jaime Romero Bonilla por parte de la Fiscalía, Sandoval dijo que todo funcionario del Estado está expuesto a ser objeto de investigaciones.
“Todo funcionario público que ocupa un lugar [en el Estado] tiene investigaciones. Cuando el señor tenga alguna sentencia, tenga la plena seguridad que va a estar fuera del ámbito público. […] Además, a buena hora que se le investigue. Cuando los investigan y resultan absueltos, es un certificado de buena conducta”, agregó.
En 2023, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a través de su Primer Despacho, solicitó una condena de 5 años y 11 meses de prisión contra Dante José Mandriotti Castro, entonces gobernador regional del Callao, por presunta colusión agravada.
La acusación también involucró a Jaime Romero Bonilla, quien ejercía como gerente general del Gobierno Regional en ese periodo, junto a otros funcionarios.
De acuerdo con la Fiscalía, Romero habría participado en contrataciones irregulares durante el XI GORE Ejecutivo en 2019, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado por un monto de S/32,348.
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