El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) instó al Congreso de la República a reconsiderar la reciente aprobación de una ley que restringe el uso de la extinción de dominio, una herramienta clave para decomisar bienes de origen ilícito en casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

El Congreso aprobó, en segunda votación, un dictamen que condiciona la aplicación de la extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme.

Esta modificación elimina el carácter autónomo y preventivo de la figura, que antes permitía la incautación de bienes incluso antes de que finalizara un proceso penal.

La medida generó críticas incluso dentro del propio Legislativo. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, propuso que el dictamen regresara a comisión para un análisis más detallado, calificando el tema como “delicado”. Sin embargo, su pedido fue rechazado por el pleno.

En un comunicado oficial emitido hoy, el Minjusdh recordó que ya en diciembre de 2024 había expresado su rechazo a cualquier cambio que debilitara esta herramienta. La cartera destacó que la extinción de dominio ha sido fundamental para recuperar activos ilícitos de manera eficiente.

Además, advirtió que la nueva norma podría incumplir compromisos internacionales asumidos por el Perú, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

También señaló que esta modificación afectaría las aspiraciones del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige mecanismos legales robustos contra el crimen organizado.

El ministerio enfatizó que la extinción de dominio ha permitido actuar con rapidez para evitar el ocultamiento o dispersión de bienes malhabidos, sin depender de lentos procesos judiciales. Su debilitamiento, sostienen, representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

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