La congresista Katy Ugarte habría recibido S/35 mil del dinero recortado a los trabajadores de su despacho. (Foto: Congreso)
La congresista Katy Ugarte habría recibido S/35 mil del dinero recortado a los trabajadores de su despacho. (Foto: Congreso)

Luego que la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista Katy Ugarte Mamani, por el presunto delito de concusión debido al recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho; la legisladora continuó negando tales hechos.

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La parlamentaria de Perú Libre aseguró que todos sus movimientos financieros están registrados en el sistema bancario y que los pagos que hizo su trabajador corresponde a un préstamo que hizo tras adquirir un departamento en el distrito de Jesús María.

“Tengo un departamento en Jesús María, y me hice un préstamo en ese entonces de mi asesor I (trabajador de su despacho), de 30 mil soles. Existen vouchers del préstamo y la devolución en tres partes. Eso es lo que hace notar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) a la Fiscalía”, señaló.

Katy Ugarte dijo que la denuncia fiscal en su contra obedecería a una persecución política por parte de su propia bancada, pues refirió que no hay argumentos para acusarla. “Me están haciendo una persecución política... mi bancada, por haber denunciado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)”, indicó.

“La devolución fue en el momento en quedamos con el asesor, agregó la congresista involucrada en el caso conocido como ‘Mochasueldos’.

La congresista Katy Ugarte habría recibido S/35 mil del dinero recortado a los trabajadores de su despacho. La Fiscalía la sindica por el delito de concusión en agravio del Estado. Asimismo, el Ministerio Público precisó que se ha dispuesto la remisión de copias de la carpeta fiscal por el presunto delito de lavado de activos a la Coordinación Nacional Competente.

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Caso

Cabe recordar que Ugarte está siendo investigada por la Fiscalía bajo la presunción de haber cometido el delito de concusión, relacionado con supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su oficina. Los cobros habrían sido para financiar publicidad en medios de comunicación de Cusco, a fin de difundir su trabajo legislativo y mejorar su imagen en esa región.

Según la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación ante el Parlamento, la legisladora recibió 5 mil soles que recolectó su asesor II Robert Lázaro y 30 mil que recolectó su asesor principal Roger Torres.

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