:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial durante el gobierno de Alberto Fujimori, podría recuperar su libertad en 2026, siempre que no enfrente nuevos procesos judiciales. Así lo informó el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, quien explicó que esta posibilidad se basa en el cumplimiento progresivo de las condenas impuestas por diversos delitos cometidos durante el régimen fujimorista.
Montesinos, quien ya supera los 80 años de edad, permanece recluido en el penal de la Base Naval del Callao. Aunque su edad lo colocaría dentro del grupo que puede solicitar cumplir su pena en prisión domiciliaria, Alcántara aclaró que solo el Poder Judicial puede otorgar ese beneficio, evaluando caso por caso.
¿Qué ocurre con Toledo y Kuczynski?
En cuanto a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, el ministro fue enfático al señalar que ninguno de ellos puede acceder actualmente a la prisión domiciliaria. Toledo se encuentra a la espera de juicio en el Perú tras ser extraditado, mientras que Kuczynski aún no tiene una sentencia firme.
“El beneficio penitenciario no lo otorgan ni el Ministerio de Justicia ni el INPE, sino un juez, que debe analizar factores como la edad, el estado de salud y la gravedad del delito”, explicó Alcántara en entrevista con Canal N.
¿Es un beneficio exclusivo para políticos?
No. El ministro destacó que cualquier persona mayor de 80 años privada de libertad puede solicitar el cambio de régimen penitenciario, siempre que cumpla con los requisitos legales. Subrayó que no se trata de un perdón, sino de una modificación en la forma de cumplir la condena, bajo supervisión judicial.
“En las cárceles peruanas hay una gran cantidad de adultos mayores en condiciones extremadamente duras. Debemos considerar opciones viables y humanitarias”, señaló.
Plan del Gobierno ante el hacinamiento
Alcántara también indicó que el Gobierno tiene el compromiso de reducir el hacinamiento penitenciario antes del año 2030, fecha establecida por el Tribunal Constitucional. Aunque reconoció que la pandemia y otras emergencias retrasaron las reformas, reiteró que se están tomando medidas para avanzar con un modelo penitenciario más eficiente y humano.
