Cuando Juan José Santivañez “ocupó el cargo de ministro del Interior (16 de mayo del 2024) comenzó a gestar su propia organización criminal, dentro del Poder Ejecutivo, cuya finalidad sería obtener réditos económicos mediante la comisión de delitos”.
Así describe la Fiscalía el presunto inicio de una red criminal, que se “mantiene activa a la fecha”, aparentemente liderada por el actual y flamante ministro de Justicia, quien asumió otra cartera ministerial pese a su censura previa a manos del Congreso.
El caso, que también alcanza al ‘hermanísimo’ Nicanor Boluarte, suscitó ayer un allanamiento a catorce inmuebles en Lima y uno Ayacucho por más de diez horas.
En ciernes
Fiscales y miembros de la Policía acudieron a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja, al promediar las 6:00 a.m.
En aquel momento, se desconocía el proceso penal en curso que había motivado el denominado operativo “Ícaro”.
Se sindica a Santiváñez como el “hombre clave” de una presunta organización criminal que tuvo entre algunas de sus tareas proteger a Nicanor Boluarte, cuya vivienda fue allanada por ser un “tercero vinculado”. El ministro de Justicia tenía el apelativo de “Cachetón”.
La red albergaría a otros seis integrantes: el coronel PNP (r) Percy Tenorio, abogado y excliente del ministro; el socio y la administradora del Estudio Santiváñez, Marco Palacios y Yessenia de la Cruz, respectivamente.
Asimismo, Gregorio Villalón, director de Medio Ambiente de la Policía y general PNP investigado por el Caso Protestas (2022); Máximo Ramírez, director general de la Defensoría del Policía; e Yber Torres, trabajador de la Defensoría de la PNP.
Todos son investigados por la fiscalía provincial con excepción de Santiváñez, quien debido a su condición de aforado (alto cargo) debe ser investigado por la Fiscalía de la Nación.
Los cargos
Antes de asumir como ministro del Interior (Mininter), el 16 de mayo del 2024, Santiváñez “ya habría formado parte del brazo de protección de la presunta organización criminal” Los Waykis en la Sombra.
En dicho caso, es investigado Nicanor Boluarte y para la Fiscalía, “(el apoyo se brindaba) a efectos de que se generaran espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines”, según su solicitud de allanamiento revisada por Correo.
Sin embargo, una vez asumida la dirección del Mininter, el funcionario habría buscado sus propios beneficios. La tesis fiscal destaca este momento como el inicio de la gesta de su “propia organización criminal”.
Una vez captado el personal de confianza, se añade, la aparente red comenzó a operar. Lo primero fue un presunto favorecimiento a Tenorio Gamonal con cinco contratos, cada uno por S/200 mil, para patrocinar a los generales en estado de actividad Augusto Ríos, Antero Mejía, David Villanueva, Gregorio Villalón —investigado en esta trama—, y Walter Calla. Todos procesados por el Caso Protestas (2022).
Para lograr la contratación de Tenorio se habrían hecho malabares, pues no contaba con los diez años de experiencia requeridos, un mínimo de dos asistentes en su estudio y otros.
Pese a ello, Palacios Meza y Torres Pariona, con conocimiento de Ramírez, modificaron el reglamento respectivo con ayuda del propio Tenorio y su trabajadora Julissa Lores. Existen correos y conversaciones de WhatsApp presentados por la Fiscalía.
Por otro lado, se imputa un presunto cobro indebido a cambio de la permanencia de generales. En una reunión en la que Santiváñez participó mediante una llamada telefónica, pidió que se solicitara a Villalón Trillo un pago de $20 mil a cambio de mantenerlo “en actividad”. En dicha reunión, indica la Fiscalía, se encontraban Tenorio, Palacio y Lores.
La sugerencia del ofrecimiento a Villalón vino del excoronel Tenorio, según la tesis fiscal, para que apoyara en declaraciones de testigos protegidos, “dado que era su promoción en la PNP y podría apoyarlos en actividades ilícitas”.
También se atribuye al actual ministro de Justicia una “injerencia” en la “renovación e invitación a retiro de los efectivos policiales a fines de diciembre del 2024.
Por otro lado, se denuncia que el dueño de la mina El Dorado, Franco Parodi y su socio, Gianfranco Meza, pagaron hasta 160 mil dólares en dos partes para que Tenorio, mediante Villalón y con anuencia de Santiváñez, gestionara un operativo policial en dicho lugar.
Así, se despejaría una zona ocupada por desconocidos y sobre la que no podían trabajar los empresarios debido a la falta de permisos por parte del Gobierno Regional de Ayacucho.
Realizado el pago, según la tesis fiscal, se trasladó a personal policial de Lima al lugar. Además, se ayudó a gestionar la autorización respectiva para que los mencionados pudiesen extraer el mineral.
El ‘hermanísimo’
Los empresarios no solo habrían desembolsado dinero. Además de ello, habrían acordado ayudar en su investigación al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Es más, habría sido Dina Boluarte quien inicialmente solicitó dicho apoyo a Santiváñez “a mediados de agosto del 2024” y este, en respuesta, se dispuso a concretarlo.
La ecuación era simple: buscar una empresa, en este caso para que consigne en documentos que Nicanor Boluarte trabajaba para ellos como “consultor”.
Así, ante un eventual pedido de prisión preventiva u otro, el “hermanísimo” podría asegurar ante un juez que contaba con “arraigo laboral” y evitar alguna imposición.
La Fiscalía cuenta con el cuaderno de visitas del edificio que alberga el estudio de Tenorio, en San Isidro, en el que se consignan las visitas de Nicanor Boluarte el 23 de enero y 3, 6, 17, 18, 21 y 25 de febrero de este año. Allí se habrían realizado las coordinaciones.
“Ya estoy cansado de esta persecución solo por ser el hermano de la presidenta. (…) Esto es un abuso”, declaró el hermano de la presidenta cerca de las 9:00 p.m. de ayer. Él no figura como investigado en el caso que tiene a Santiváñez como protagonista, sino como “tercero vinculado”.
