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El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ya cuenta con un importante material probatorio para verificar si Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, estuvo escondida en Palacio de Gobierno cuando se dictó su detención preliminar por 10 días, el martes 9 de agosto.
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Y es que la Municipalidad de Lima entregó a dicho grupo del Ministerio Público, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, los videos captados los días 9 y 10 de agosto por las cámaras de videovigilancia del Centro de Lima.
El alcalde de Lima, Miguel Romero, informó que dio las indicaciones a la Procuraduría de la comuna capitalina para que entregue las imágenes registradas por las videocámaras cercanas a la Casa de Pizarro para así colaborar con la investigación a Yenifer Paredes
Romero añadió que dos fiscalías, en los últimos días, remitieron oficios a la Municipalidad de Lima con solicitudes relacionadas con el sistema de videovigilancia en el Cercado de Lima.
En uno de los documentos -detalló- se pedía la designación de un funcionario de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que brinde información, y con celeridad, sobre las cámaras de vídeo que señalen los fiscales de turno.
En el segundo oficio, añadió, se solicitó información sobre la verificación y operatividad de las videocámaras ubicadas en la Plaza Dos de Mayo, el Congreso y Palacio de Gobierno, entre otros puntos del Cercado de Lima.
La comuna limeña tomó estas decisiones tras conocerse de que el juez Raúl Justiniano rechazó un pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder para incautar las grabaciones de las cámaras de seguridad en la residencia presidencial y la Casa de Pizarro los días 8, 9 y 10 de agosto, también por la pesquisa abierta a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes.
La negativa judicial se emitió a pesar de que -según información que maneja el equipo especial de la Policía, encabezado por el coronel Harvey Colchado- la cuñada de Pedro Castillo ingresó a Palacio un día antes del allanamiento del equipo de fiscales.
Por este motivo, la Fiscalía ingresó el 9 de agosto a la zona residencial de la Casa de Pizarro, previa autorización judicial, para buscar a la hermana de Lilia Paredes.
Sin embargo, la diligencia sufrió un retraso de hora y 15 minutos para el ingreso a Palacio de los fiscales y la Policía, de acuerdo con el acta levantada por el fiscal adjunto Hans Aguirre.
La demora se habría producido porque el jefe de Estado habría dispuesto que nadie entre a la residencia presidencial hasta que se presenten sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.
Este accionar de Castillo Terrones constituiría el delito de obstrucción a la justicia y encubrimiento personal, interpreta la abogada penalista Romy Chang.
Yenifer Paredes cumple hoy su séptimo día de detención preliminar en sede policial, tras haberse entregado al Ministerio Público.
El Equipo Especial de Fiscales investiga a Paredes junto a los hermanos empresarios Hugo y Anggie Espino, así como el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, por integrar una presunta organización criminal para direccionar obras en Cajamarca.
El cabecilla de esta red sería el presidente Castillo, a quien la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación por organización criminal junto con el ministro de Transportes, Geiner Alvarado.
La Fiscalía de la Nación, a diferencia del Equipo Especial de Fiscales, investiga a altos funcionarios por presuntos delitos de función.
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Revisión. De otro lado, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de habeas corpus presentada por el presidente Castillo contra los responsables por el allanamiento fiscal realizado en Palacio de Gobierno el último martes, operativo desplegado para detener de manera preliminar a la cuñada del mandatario.
De acuerdo con la resolución judicial emitida por el juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso, se ordena que se practiquen “las diligencias necesarias a efectos de verificarse los presuntos hechos demandados” por Castillo contra el fiscal Hans Aguirre, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, y el coronel Harvey Colchado, del equipo especial de la Policía, quienes encabezaron la diligencia en la Casa de Pizarro, así como contra el juez Raúl Justiniano, responsable de la orden judicial.
El hábeas corpus de Castillo revela que este pretende que se declare “la nulidad parcial de la resolución” que autorizó “el allanamiento, registro de inmueble y descerraje” de Palacio de Gobierno.
Además, el mandatario solicita que se ordene “a los demandados y, en general, al Ministerio Público, Poder Judicial y jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) que se abstenga de volver a cometer el acto lesivo denunciado”, es decir, de efectuar una diligencia similar en la Casa de Pizarro.
El juez Torres Tasso dispuso que se corra traslado de la demanda “a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, a la Procuraduría Pública del Ministerio Público y a la Procuraduría Publica a cargo de los asuntos del Ministerio del Interior para, en un plazo de tres días, absolver “la presente causa”.
Tras ello, el magistrado convocará a una audiencia pública para escuchar a la defensa legal del presidente como a los demandados y sus abogados para los descargos respectivos.
Luego, el juez emitirá una resolución sobre el fondo de la demanda: si el allanamiento a la zona residencial de Palacio fue legal o no.
Antecedentes. En enero pasado, el Quinto Juzgado Constitucional rechazó un recurso del abogado Eduardo Pachas, defensa legal del presidente Castillo, con el que pretendía anular el allanamiento a Palacio de Gobierno efectuado en diciembre de 2021 por el despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova, en el marco del caso Petroperú.
La Sala Constitucional también confirmó la decisión de primera instancia, al ratificar que no se observaba de manera clara y directa una afectación al derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Además, el tribunal determinó que la labor de investigación de los fiscales se encuentra “debidamente legitimada” y aseveró que los actos realizados por los representantes del Ministerio Público “solo están destinados al esclarecimiento de los hechos denunciados.
El abogado Eduardo Pachas ha insistido con su recurso en el Tribunal Constitucional, institución que aún no programa la vista de causa para analizar la demanda.
