Nadine Heredia: archivan caso contra exprimera dama por presunta usurpación de funciones

La Fiscalía de la Nación archivó el caso contra la exprimera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de usurpación de funciones. Las diligencias iniciaron tras un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, emitida en el año 2017, donde acusaron a Heredia de una supuesta “injerencia” en las funciones de su esposo y entonces presidente Ollanta Humala.

A Heredia se le atribuyeron diversos cargos, entre ellos, el uso irregular del avión presidencial, en agosto del 2012, para un encuentro en Brasil; su interferencia en proyectos mineros durante el 2011; su injerencia en compra de armamento para las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el 2013; o interferir en las labores de un ministro de Economía en torno a pronunciamiento sobre la situación de un posible incremento del sueldo mínimo vital.

Las labores de investigación estuvieron a cargo de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal–Cercado de Lima–Breña–Rímac–Jesús María. El organismo recogió las declaraciones de 37 testigos y la documentación necesaria. En el documento correspondiente se señala que “no fue posible corroborar la noticia criminal sobre la presunta comisión del delito (...), por el contrario, los elementos de convicción recabados descartaron la imputación inicial”.

“Declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Nadine Heredia Alarcón, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública-Delitos cometidos por particulares, usurpaciónde funciones (...) en consecuencia ordeno el archivo definitivo de la presente investigación”, se señala.

Detalles

El caso llevaba al menos seis años en la Fiscalía. Según un informe de la Contraloría, Presidencia aparentemente pidió a la Fuerza Aérea hacer uso de aeronaves para un aproximado de 75 vuelos personales: 65 al interior del país y diez al extranjero; estas “habrían tenido por finalidad hacer proselitismo político, ocasionando un gasto al Tesoro Público de S/3 267,631.

En este sentido, se señala que en agosto del 2012, la entonces primera dama viajó a Brasil para un encuentro con la presidenta de dicho país, Dilma Rousseff, con funciones del Estado peruano sin la presencia del Jefe de Estado (Ollanta Humala).

Sobre su presunta interferencia en un proyecto minero, el texto fiscal indica que Heredia “habría remitido un oficio al (entonces) ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, exigiéndole explicaciones” por esta iniciativa. “El 30 de abril del 2013, habría interferido en la posible inversión por parte del Gobierno hasta por el monto de US$ 2 000.000 en la compra de la refinería la Pampilla de Repsol y sus grifos, señalando ‘Repsol, no va’”, puntualizan.

“Heredia habría dado ‘luz verde’ autorizando la compra de armamento para las Fuerzas Armadas, vía Convenio armado en agosto de 2012, entre el Ministerio de Defensa y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD)”, se añade sobre otro caso.

Fiscal cuestionada

El documento lleva la firma de la fiscal provincial Fanny Uribe Tapahuasco, del Tercer Despacho de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa, cuestionada anteriormente por su gestión como representante del Ministerio Público.

En el 2018, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima dispuso abrir procedimiento disciplinario contra Uribe, entonces fiscal provincial titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, por presuntamente permitir la liberación de dos presuntos violadores de una terramoza. La denunciante dijo que el hecho se produjo mientras cumplía con sus labores, al interior de un bus interprovincial de la empresa ‘Palomino’, durante la ruta de Arequipa a Lima.

El organismo también dispuso la medida contra otros tres fiscales adjuntos provinciales. Tanto Uribe Tapahuasco como sus colegas negaron cualquier presunta infracción administrativa; asimismo, rechazaron haber dispuesto la liberación de los dos sujetos que ya habían confesado el delito.

“No hubo ninguna negligencia. (...) No contaba con la documentación pertinente ¿Cómo podía abocarme al caso?. (...) Se necesita prueba idónea porque nadie puede vulnerar el debido proceso, todos tienen derecho a la defensa. Ellos (los abusadores) aceptaron (el delito) pero eso tenía que ser cotejado con pericias”, indicó Uribe, en aquel momento, a América TV.