Nadine Heredia: Los motivos del pedido de prisión preventiva que se verá este jueves

La suerte de Nadine Heredia se definirá nuevamente en los tribunales. Este jueves, el Poder Judicial (PJ) evaluará un pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama, al igual que contra los ex ministros Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga por las investigaciones que se les siguen por la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur a Odebrecht.

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El requerimiento fue formulado en marzo por la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato; no obstante, no hubo oportunidad para su revisión a causa de las medidas ordenadas desde el Gobierno y el Poder Judicial para evitar contagios de COVID-19.

En ese sentido, a finales de junio, el PJ dispuso que los órganos jurisdiccionales procedan a programar las audiencias penales y no penales para después del 17 de julio. En dicho dispositivo se especificó que estas deberían desarrollarse de modo remoto y excepcionalmente en forma presencial.

El encargado de revisar el pedido contra Heredia, Castilla y Mayorga será el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, en una audiencia que se realizará desde las 10 a.m.

La esposa de exmandatario Ollanta Humala ya ha cumplido una medida restrictiva de esta naturaleza años atrás, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho decidió ordenar 18 meses de prisión preventiva contra ella y su cónyuge por los presuntos aportes irregulares recibidos por el Partido Nacionalista en las campañas electorales del 2006 y 2011. En abril del año siguiente, el Tribunal Constitucional admitió un hábeas corpus interpuesto por la pareja presidencial, motivo por el cual abandonaron la reclusión.

Asimismo, esta semana se confirmó en segunda instancia un impedimento de salida del país por 12 meses contra la ex primera dama por el Caso Gasoducto.

Razones

Geovana Mori apunta en su pedido de prisión preventiva contra la ex primera dama en que esta habría incurrido en los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio del Estado Peruano en la adjudicación de la empresa brasileña de la obra.

Según la tesis del Ministerio Público, cuando Humala fue elegido presidente, junto a su esposa “hicieron un perverso uso del poder” instrumentalizando el aparato estatal y a funcionarios de Proinversión, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), precisamente en las gestiones de Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga en dichas carteras.

Como retribución a los presuntos aportes que habría efectuado Odebrecht a su campaña electoral, se habrían efectuado cambios en la documentación, así como acuerdos y reuniones que posibilitaron finalmente que, tras una nueva convocatoria a partir de un proyecto inicial (adjudicado a Kuntur Transportadora de Gas S.A.), la empresa brasileña saliera ganadora de la buena pro del gasoducto.

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Aunque Nadine Heredia no tenía potestad para intervenir en los procesos de contratación, la fiscalía aduce que cumplió un rol transversal de cara a las negociaciones con empresarios que participaron en el proceso, tal como lo son diversos representantes de Odebrecht que han rendido su manifestación, entre ellos Jorge Barata, quien ha dicho haberse reunido hasta en cuatro oportunidades con la lideresa nacionalista.

A su vez, declaraciones de colaboradores eficaces también han servido para la formulación de señalamientos contra Heredia que Mori consigna en su pedido de prisión preventiva, como los testimonios de José Graña y Hernando Graña en donde se prevé que la ex primera dama y funcionarios de Odebrecht efectuaron un pacto colusorio, en los que también estarían comprometidos funcionarios de Proinversión, con el objetivo de adjudicar el proyecto a Odebrecht.

De otro lado, la fiscalía indica que Castilla y Mayorga habrían promovido condiciones favorables, desde sus carteras y Proinversión, para los presuntos propósitos irregulares de la “organización”. Ambos exministros han rechazado las imputaciones. “He colaborado en todo [con la justicia], cada vez que me han citado he venido”, ha dicho Castilla, mientras que Mayorga ha señalado que su actuación como titular del Ministerio de Energía y Minas “se enmarcó en el objetivo político de sacar adelante un proyecto necesario para el desarrollo de nuestro país”.

Finalmente, Mori sustenta su solicitud en que existen elementos suficientes para considerar que Nadine Heredia podría continuar poniendo trabas a las indagaciones del caso si es que no se le aplica la medida restrictiva. Los cuestionamientos de la ex primera dama contra testigos y aspirantes a colaboradores eficaces a través de Twitter también han sido valorados por la fiscal como actos de obstaculización.

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