La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución de primera instancia que había declarado infundado el requerimiento de la Fiscalía para modificar las reglas de conducta de la exprimera dama Nadine Heredia Alarcón, quien afronta el juicio oral por el presunto delito de lavado de activos.
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El tribunal determinó que la esposa del expresidente Ollanta Humala deberá tener autorización judicial para ausentarse de su lugar de residencia o variar de domicilio. Antes de la decisión del tribunal, solo necesitaba notificar a las autoridades fiscales y judiciales en caso de ausentarse o cambiar de residencia.
De este modo, la sala revocó una resolución de primera instancia que declaró infundada la solicitud del Ministerio Público para que se imponga esa y otras reglas.
Argumenta que aunque inicialmente se estableció la obligación de no modificar el lugar de residencia, el simple acto de “notificar” no satisface el propósito de prevenir un posible riesgo de fuga de Heredia. No obstante, la sala desestimó la solicitud de la Fiscalía para que la exprimera dama no pueda salir del país sin autorización judicial.
“La obligación de no salir del país sin previa autorización judicial no es de recibo. Esconde una nueva medida más gravosa como es el impedimento de salida del país, la cual obedece a otros presupuestos y requisitos, los cuales no han sido invocados ni menos acreditados por el Ministerio Público”, precisó.
Es crucial destacar que la obligación de obtener autorización judicial antes de salir del país está vinculada al impedimento de salida; no obstante, cabe mencionar que el Ministerio Público no ha invocado expresamente esta figura.
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó que Heredia sea condenada a 26 años y medio de prisión por su presunta participación en el delito de lavado de activos, relacionado con supuestos aportes del gobierno de Venezuela y Odebrecht para las campañas electorales del 2006 y 2011. En el mismo caso, su esposo, Ollanta Humala, podría enfrentar una pena de 20 años de prisión en caso de ser condenado.
Juárez Atoche también solicitó la liquidación y disolución de la empresa Todo Graph y del Partido Nacionalista Peruano. Mientras tanto, la Procuraduría de Lavado de Activos ha propuesto que se establezca en S/ 20 millones la reparación solidaria contra Humala y Heredia.
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