El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria declaró infundada la tutela de derechos planteada por la defensa de la fiscal superior Marita Barreto Rivera. La magistrada es investigada por los presuntos delitos de revelación indebida de identidad y omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
La defensa solicitaba la nulidad de la providencia Nº 44 y la disposición fiscal Nº 21, vinculados a un peritaje fonético-acústico, además de los informes elaborados dentro del proceso, al considerar que fueron presentados fuera del plazo legal. Según los abogados de Barreto, dicha situación vulneraba el derecho de defensa.
Sin embargo, el juez Checkley concluyó que las actuaciones cuestionadas no constituían nuevos actos de investigación, sino la continuación de diligencias ya programadas con conocimiento de todas las partes.
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