La bancada de Somos Perú, que alberga al nuevo presidente del Congreso, José Jerí, tiene a casi la totalidad de sus integrantes sometidos a cuestionamientos, investigaciones, denuncias, más de un antecedente a nivel judicial e incluso sentencias.
Solo dos de los nueve legisladores que hoy integran el grupo parlamentario ingresaron al Congreso de la mano del partido del corazón para el periodo 2021‑2026.
Los sobrevivientes
Alfredo Azurín y José Jerí son los únicos congresistas que permanecen en la bancada desde su composición original. El primero, fue denunciado constitucionalmente, a fines de enero último, junto a otros diez colegas de distintas bancadas.
La Fiscalía de la Nación presentó dicho recurso por el presunto delito de negociación incompatible. Tanto a Azurín como a los legisladores José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, entre otros, se les imputa “interesarse indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR, con su texto sustitutorio”. Al final, la denuncia fue archivada.
Jerí, entre tanto, ostenta una investigación por presunto abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido durante una reunión social, en una casa en Canta, en diciembre de 2024.
“Científicamente estoy muy tranquilo. No es verdad que yo haya participado del delito que se pretendió involucrarme’’, declaró el último domingo 27 Jerí al dominical Cuarto Poder.
En el marco de ese caso, sin embargo, ha sido protagonista de una denuncia por presunta desobediencia a la autoridad. Un ciudadano le imputó no cumplir con las citas psicológicas y reeducativas que le ordenó un juzgado. La defensa de Jerí, sin embargo, alega que dicha instancia judicial no tenía competencia para dictar esas medidas.
A ello, se suma una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. En este caso, habría adquirido bienes por más de un millón de soles en 2024, pese a que tres años antes solo registró dos vehículos por 97 mil soles.
“Es un error de interpretación (...). Hay conceptos distintos (al del sueldo) que van sumando: CTS, entre otros, y eso es lo que suma”, se justificó.
Finalmente, Jerí fue sindicado por Jaime Villanueva, exasesor de la otrora fiscal de la Nación Patricia Benavides, de intercambiar sus votos en el Congreso a cambio de beneficios.
De acuerdo al testimonio, se le mencionó sobre gestiones “para que ayuden a esa persona por el que había pedido Jerí” en un aparente proceso judicial.
En curso
La legisladora Elizabeth Medina (antes de Perú Libre), en tanto, es investigada por cohecho pasivo impropio y otros. Se le relaciona con un presunto cobro de coimas a alcaldes para gestionar y acelerar los presupuestos de obras públicas en distintos municipios. El caso también alcanza a su esposo Víctor Morales, para quien se impuso 36 meses de prisión preventiva en enero de este año.
En septiembre del año pasado, en tanto, se allanó la vivienda y oficina de Medina, entre otros inmuebles en Lima y Huánuco.
Por otro lado, según informó Punto Final, su entonces asesor principal, Walter Chunga, también está investigado en el caso por la presunta gestión de presupuestos para municipalidades.
Incluso, formaría parte de una aparente red que coordinó la elección de un integrante del Tribunal Constitucional y la colocación de personal público.
Más casos
La hoy vocera de Somos Perú, Ana Zegarra, cuenta con tres sentencias firmes por falsedad ideológica (2014), falsificación de documentos (2015) y falsa declaración tras no consignar una condena suya al postular a un cargo municipal (2018), respectivamente.
La legisladora, quien asumió funciones en reemplazo del fallecido congresita Hitler Saavedra (2024), ha sido sindicada por la empresaria Blanca Ríos de recibir dinero para costear gorras, polos y vasos promocionales.
La mujer afirma que realizó estos pagos para que se apruebe, mediante la interferencia de Zegarra, un proyecto en la Comisión de Presupuesto.
También se le atribuyó un presunto uso indebido de pasajes congresales, pues habría reportado actividades de representación en Lima, en febrero de este año pero, a la par, se le otorgaron pasajes a Pucallpa e Iquitos.
Por su parte, Jorge Morante (antes de Fuerza Popular) fue sindicado de abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Según Ojo Público, cuando Morante fue director del Organismo Público de Infraestructura para la Productividad (Opipp), del Gobierno Regional de Loreto, “habría favorecido a la compañía China International Water & Electric Corp (CWE)”, en la adjudicación de una obra de alcantarillado. Esta contaba “con un presupuesto inicial de S/ 472 millones y terminó costando S/ 737 millones”.
Del legislador Álex Paredes (antes de Perú Libre) se sabe lo que dijo de él un aspirante a colaborador eficaz, según el programa Contracorriente: “Una vez que Pedro Castillo habría ganando las elecciones presidenciales, en el mes de julio del 2021, encargó a los congresistas Alex Paredes y Guido Bellido (…) para que negocien con los congresistas electos de diferentes bancadas del Congreso de la República, para ganar votos en la elección de la Mesa Directiva 2021-2022 y poder manejar el Parlamento, no teniendo éxito en sus intentos”.
A ellos se suma Héctor Valer, quien ingresó al Congreso con Renovación Popular, y tiene dos sanciones en la Comisión de Ética: amonestaciones por afirmar que su colega José Cueto “estaba comprometido con la corrupción” y otra por referir que “el caballero que acaba de defender a la mujer, es conveniente que se ponga una falda”, en relación a Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien había respaldado una intervención de Vivian Olivos.
Asimismo, registró una denuncia en el 2016 por presunta violencia familiar en agravio de su esposa e hija, dictándose medidas de protección.
En el 2022, Valer fue detenido por no presentarse a declarar a un juzgado en un caso por presunta contaminación ambiental e, incluso, fue sindicado de favorecer a su entonces pareja, según Punto Final, con un sueldo de 11 mil soles en su despacho.
