En cinco días será condenado o absuelto el expresidente Martín Vizcarra. La lectura de la sentencia, que resolverá el pedido de quince años de prisión en su contra, se iniciará este miércoles 26, a las 9:00 a.m., según estableció el Cuarto Juzgado Penal (Corte Superior Nacional).
Ayer, tanto Vizcarra como su abogado, Erwin Siccha, se defendieron por última vez de la acusación fiscal. El exgobernador regional de Moquegua es sindicado de solicitar millonarios pagos (S/2.3 millones) a cambio de las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
Para el Estado peruano está en juego el pago de una reparación civil, entre el acusado y cuatro empresas, de casi cinco millones de soles.
En audiencia
La defensa de Vizcarra Cornejo insistió ante los jueces Fernanda Ayasta, Giovanni Palma y Andy Rodríguez en la inocencia del exfuncionario. La sesión se inició ayer a primera hora de la mañana, cerca de las 9:00 a.m.
Siccha minimizó las facultades que tenía Vizcarra como gobernador regional de la región alegando que la buena pro de las obras recaían sobre otros funcionarios o instituciones, por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
En otro momento, cuestionó que la Fiscalía no haya presentado fechas exactas en las que su defendido habría recibido el dinero, sino solo plazos estimatorios. Finalmente, aseguró que se cometieron arbitrariedades a lo largo del proceso.
“Mi patrocinado no ha tenido ninguna intervención en el proceso de contratación, (entonces), no tenía ninguna función que pudiese ser infringida y vendida”, puntualizó.
A su turno, Vizcarra negó un posible asilo político como ocurrió en el caso de la expremier Betssy Chávez y la ex primera dama Nadine Heredia. “Nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga. Hoy, cuando ingresaba, un periodista de Willax me dijo que habían visto mi carro ayer en la embajada de México, que si no me voy a asilar”, sostuvo.
Empresas “colaboradoras”
En la sesión también se recogieron los alegatos finales de los terceros civiles responsables, es decir, de las empresas que, de ser halladas culpables, pagarán parte de la reparación civil.
Son cuatro las constructoras que ostentan dicha condición: Las exalianzas empresariales Obrainsa–Astaldi e ICCSA–INCOT.
El primer consorcio se hizo cargo de la obra Lomas de Ilo, mientras que el segundo llevó a cabo la ampliación del Hospital de Moquegua. Según la tesis fiscal, Vizcarra recibió S/1 millón y S/1.3 millones, respectivamente, por cada una de ellas.
Tres de las cuatro empresas ya se acogieron a un proceso de colaboración eficaz: Obrainsa, ICCSA e INCOT. Sin embargo, solo esta última cuenta con la sentencia de homologación correspondiente. Las dos primeras están en la recta final, lo que las conllevaría a formalizar el acuerdo con la Fiscalía.
Una situación distinta es la de Astaldi, que no ha reconocido responsabilidad alguna. El abogado Luis Noriega afirmó que lo único que vincula a la constructora con el caso es un correo electrónico no incriminatorio.
Detalló que el director administrativo Fabrizio Escarfó, de nacionalidad italiana, confirmó que recibió un pedido del gerente de Obrainsa, Paul Tejeda, en el que pedía autorización para retirar S/400 000. El dinero habría sido requerido para pagos ilícitos a Vizcarra Cornejo. Sin embargo, el directivo negó el desembolso.
“Astaldi rechazó el contenido de ese correo porque (…) ese requerimiento no tenía sustento (…). Astaldi no validó esa salida de dinero”, dijo el letrado.
Serán los magistrados, sin embargo, quienes determinen si todas o solo una de las constructoras pagarán 4 millones 671 mil 971 soles, de forma solidaria, junto al expresidente.
En suspenso
Además de una pena de quince años y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, Vizcarra enfrenta el pago de la citada reparación civil, que se repartirá entre los hallados responsables.
La Procuraduría exige S/2 millones 071 mil 971 por la obra Lomas de Ilo y S/2 millones 600 mil por la ampliación del Hospital de Moquegua. Surge, entonces, la interrogante sobre cómo pagará ese monto Vizcarra.
Durante sus alegatos finales, en la audiencia del último jueves 13, el fiscal Germán Juárez aseguró que Vizcarra “vivía de las coimas”.
El representante del Ministerio Público ha sostenido, a lo largo de todo el proceso, que el exgobernador recibió 2.3 millones de soles por las citadas obras: S/1 millón por Lomas de Ilo y S/1.3 millones por la ampliación del Hospital de Moquegua.
Además, indicó que no se registraron retiros de dinero de cuatro de sus cuentas bancarias –dos en el BCP, otra en Interbank y una en el Banco de la Nación, en el que recibía su sueldo de funcionario–. Es decir, habría vivido de las coimas que recibió en efectivo.
En respuesta, la defensa enumeró ayer una serie de “movimientos grandes” a los que calificó como recurrentes”, ello a pesar de que estos se efectuaron con años de diferencia.
Según Siccha, el 30 de septiembre del 2013 se retiraron S/22 500; en diciembre del mismo año S/5600 y, en el 2014, S/50 000. “Esto figura en el informe pericial contable realizado por los profesionales aportados por el Ministerio Público”, aseguró frente a los jueces.
“No (se) tuvo en cuenta lo que explicó mi patrocinado, quien era un empresario solvente antes de asumir la función pública, accionista de CM Vizcarra (…). El Ministerio Público intenta juzgar sesgadamente, desde el costo de vida de esta ciudad, respecto al costo de vida que se tiene en Moquegua”, aseguró el letrado.
Para la Fiscalía, sin embargo, existen inconsistencias.
“¿Qué dijeron los peritos? (…) No hubo movimientos significativos. Hicieron un análisis del levantamiento del secreto bancario del señor Vizcarra. Lo que demuestra, señores magistrados, que en esa fecha, en 2013, (no hizo retiros significativos) pese a que tenía un crédito hipotecario”, alegó Juárez Atoche previamente.
El funcionario insistió en que “no aparecen movimientos o salidas de dinero para cubrir esa necesidad o las de la canasta familiar”.
Por otro lado, en noviembre del 2024, la Fiscalía consiguió que el Poder Judicial confirme la inhibición de quince bienes inmuebles relacionados a Vizcarra y a su esposa, la ex primera dama Maribel Díaz.
Los bienes retenidos ascienden a un valor de 5 millones 810 mil 252 soles y están desplegados en los departamentos de Lima y Moquegua.
“Dichos inmuebles estarían vinculados a la actividad ilícita contra la administración pública y formarían parte del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando Vizcarra Cornejo ostentaba el cargo de presidente regional de Moquegua entre el 2011 y 2014″, indicó la entidad.
