Odebrecht generó perjuicio económico de $283 millones (VIDEO)

El contralor general de la República, Edgar Alarcón, reveló que entre 1998 y 2015 las irregularidades en la ejecución de obras públicas a cargo de Odebrecht habrían ocasionado un presunto perjuicio económico de $283 millones. La institución realizó un informe en el que detalla la participación de la empresa brasileña en el país y las irregularidades en las obras licitadas. Expuso además los casos más relevantes que han sido remitidos a otras instancias del Gobierno.

PRESENCIA EN PERÚ. En una conferencia de prensa, la Contraloría General de la República precisó que la participación de Odebrecht en el Perú data de hace más de dos décadas. De acuerdo con los resultados de las labores efectuadas por el organismo de control, de manera individual o consorciada la constructora brasileña ha participado aproximadamente en un total de 57 proyectos con el Estado peruano desde 1979 hasta 2015. De ellos se identificaron 23 principales proyectos con un total de $16,940 millones de dólares en un periodo comprendido durante los años 1998 y 2015.

Al respecto, Alarcón indicó que la Contraloría auditó un total de 16 obras que suman un monto de inversión de $11,271 millones, de los cuales se estimó un perjuicio económico que asciende a $283 millones, además de presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios de las entidades involucradas.

CASOS RELEVANTES. La máxima autoridad de la Contraloría precisó que entre las obras auditadas en las que se identificó irregularidades figuran el Gasoducto Sur Peruano, la vía Costa Verde tramo Callao, la carretera Chacas-San Luis, el Tramo 1 de la Línea 1 del Metro de Lima, el Interceptor Norte y el Proyecto Especial Río Cachi. Por ello se efectuaron informes por cada una de las obras mencionadas, que fueron remitidos al Poder Judicial y al Ministerio Público.

Alarcón manifestó que de esta manera la Contraloría busca evidenciar primeros alcances de las investigaciones que realiza y tomar distancia de las funciones de otras entidades. “Sabemos que la gran mayoría de los informes están a nivel del Poder Judicial, porque aún no se resuelven. Sí se ha hecho trabajo (de investigación) en la Contraloría, pero nosotros no vemos si hay coima o no, y mucho menos quién la tiene. Vemos la ejecución de contratos, los procesos de inversión, y ahí es donde determinamos las responsabilidades”, expresó.

De esta manera, puso énfasis en que es la Fiscalía de la Nación la institución responsable de evaluar el informe presentado por la Contraloría, recopilar los datos y complementarlos con otros esenciales, como denuncias fiscales, y ampliar las investigaciones del caso.

Durante su exposición, Alarcón también mencionó los megaproyectos que la constructora brasileña contrató con entidades como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Instituto Nacional de Desarrollo, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, la Municipalidad de Lima, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y los gobiernos regionales.

DISPARO AL PIE. El contralor Alarcón confirmó que la Ley N° 28670, promulgada en 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, le dio pase libre a la constructora brasileña (Odebrecht) para llevar a cabo la ejecución de las obras IIRSA Norte y Sur, pese a haberse hallado irregularidades en los requisitos técnicos, la distribución de riesgos, la fijación en el pago anual de mantenimiento y operación, la sobrevaluación de los intereses pactados, entre otros aspectos.

De acuerdo con la autoridad, esta norma levantó las anomalías encontradas en los contratos y permitió que Odebrecht se adjudicara obras a su portafolio, además de exculparla de mentir sobre la existencia de procesos judiciales abiertos en su contra, hecho que la hubiera descalificado.

En el caso de IIRSA Norte, señaló que en la determinación del PAO (Pago Anual por Obras) se incluyeron costos sin sustento y con respecto a exigencias no solicitadas en las bases del contrato, generando un potencial perjuicio a valor presente de $17 millones. Por otro lado, en IIRSA Sur, según la inversión señalada en el estudio de factibilidad, se revela que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar supera en promedio en más de 100% los costos por kilómetro en rehabilitación de vías ejecutadas por Provías, lo cual excede los estándares del mercado.

RESPUESTA. Entre las propuestas de acciones inmediatas para este caso, Alarcón señaló que se ha planteado la creación de una fiscalía ad hoc para la investigación de los casos referidos. Asimismo, en la línea de lo expuesto por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, reafirmó la iniciativa de la conformación de un juzgado especializado para el cumplimiento oportuno de los plazos procesales previstos.

“El proceso en etapa preparatoria y probatoria en los juzgados tiene un promedio de siete u ocho años. Con ello hay suficiente evidencia para las investigaciones y, lo más importante, para sentenciar y sancionar a los corruptos”, precisó.

Por último, indicó que la Contraloría se compromete a ampliar los informes y colaborar en las investigaciones con peritos y personal especializado, con el objetivo de mostrar resultados lo más pronto posible a pedido de la ciudadanía.

CAUTELOSO. Zavala evita opinar sobre indagación. El premier Fernando Zavala evitó ayer opinar en torno a si el Congreso debe o no incluir al gobierno de Alberto Fujimori en la investigación de los contratos suscritos por firmas brasileñas con el Estado peruano.

El funcionario solo remarcó que el Gobierno espera que se llegue al fondo del tema y que respaldará lo que decidan las instancias correspondientes.