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Los miembros de la Comisión de Inteligencia del Parlamento aprobaron el informe final sobre las acciones de espionaje perpetradas por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) contra los opositores del gobierno de Ollanta Humala.
Una de las conclusiones a las que arribó al grupo de trabajo presidido por el legislador César Yrupailla (Gana Perú) es que la DINI realizó “seguimientos” y cometió “excesos”. Así lo afirmó ayer el mismo Yrupailla en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso.
Sin embargo, no responsabilizó en ningún momento al Gobierno por dichos actos y alegó que los seguimientos se iniciaron en 2005 durante la gestión de Alejandro Toledo.
Deslizó la idea de que los actos de espionaje pudieron haberse dado “por iniciativa propia” de los agentes de la DINI.
“(En el informe) hemos dicho que hay responsabilidad en cuanto a funciones, en cuanto a actos. Por ejemplo, en el seguimiento hecho, a través de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), a Víctor Andrés García Belaunde y a Juan Carlos Eguren existe un exceso, porque la DINI no está para estar viendo las propiedades de los congresistas o de sus familiares. Eso no está bien. Tiene que haber una investigación seria en este caso”, dijo Yrupailla.
“¿Quiénes lo hicieron?, ¿cómo lo hicieron? Eso lo dirá la Fiscalía. Parece que simplemente fue por iniciativa propia. Recuerden que estos problemas vienen del 2005, no de este Gobierno. Hay gente que está trabajando en la DINI desde esas épocas”, agregó el nacionalista.
Pero los congresistas Carlos Tubino y Luz Salgado, ambos de Fuerza Popular, y Javier Bedoya (PPC) se mostraron en desacuerdo con varias de las conclusiones del referido documento, razón por la cual presentarán un informe en minoría en los próximas días, a fin de que sea debatido en el Congreso.
LAS RAZONES. Para Salgado y alguno de sus colegas parlamentarios, la DINI “cometió actos de espionaje contra líderes de oposición”. A esto se suma que, a su parecer, sobre la premier Ana Jara pesa la responsabilidad política de los malos manejos encontrados a dicha institución.
En diálogo con Correo, Salgado argumentó que sí existe evidencia suficiente para determinar -tal y como lo informó en enero la revista Correo Semanal- que el secretario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, fue reglado al igual que Jorge Paredes Terry, el exasesor de Daniel Abugattás, así como las congresistas Cecilia Tait y Natalie Condori.
“De plano no coincidimos con ellos (mayoría). Contamos con una serie de evidencias. Los congresistas Víctor Andrés García Belaunde y Juan Carlos Eguren también (fueron espiados)”, dijo.
La fujimorista fue tajante en su acusación: “La evidencia lleva a Palacio. Han sido seguimientos del gobierno. Existen indicios que nos llevan a asegurar que fue el personal de la DINI. En el caso de Marisol Espinoza también es gente de la DINI la que se ha encontrado”.
“El último informe de Correo Semanal corrobora que han habido seguimientos. Ellos (la mayoría) dicen que necesitan pruebas, nosotros decimos que necesitamos evidencias. Y hay más que suficientes. El Congreso no tiene por qué buscarlas. Quien busca las pruebas es la Fiscalía”, agregó.
Asimismo, Luz Salgado explicó que los congresistas César Yrupailla, Hugo Carrillo, Víctor Isla y Daniel Mora “son gobiernistas y buscarán defender al gobierno”.
PERDÓN. Como se recuerda, el miércoles último Gana Perú mostró en conferencia de prensa información que revelaba que los seguimientos se iniciaron durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005.
El 8 de abril de ese año se firmó el convenio de cooperación entre la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y la Sunarp.
A través de un comunicado, Perú Posible expresó que el referido acuerdo se firmó “en el marco de la lucha anticorrupción, la subversión y el narcotráfico”.
Para el congresista Martín Belaunde (Solidaridad Nacional) es responsabilidad de este gobierno el no haber frenado los actos de espionaje perpetrados por la DINI.
Indicó que “lo que se hizo en tiempos de Fujimori, Toledo, García o lo que pudo haberse hecho en tiempo de Paniagua, ahora tiene poca o ninguna importancia, porque ahora estamos frente a una mala práctica. Que se quiera decir que antes se hacía y que ahora no tiene importancia es una falacia. Y esa falacia tiene que ser denunciada”.