El Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra Ollanta Humala por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en la base militar de Madre Mía, durante la época en que estuvo al mando de dicha instalación en los años 90.
A través de la Disposición N.º 22, emitida el pasado 24 de septiembre, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo de Lima Centro formalizó la investigación preparatoria contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Peruano, Amílcar Gómez, y otros tres militares por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.
La Fiscalía también dispuso formalizar una investigación preparatoria contra el expresidente por el presunto delito de desaparición forzada en perjuicio de Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagástegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.
En la referida disposición fiscal se precisa que ambos delitos se enmarcan dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad.
Dicha instancia fiscal notificó su decisión al despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, quien, mediante una resolución emitida el pasado 28 de octubre —a la que accedió RPP—, detalló que el representante del Ministerio Público estableció un plazo de ocho meses para esta investigación preparatoria, declarada como “compleja”, cuyo vencimiento está previsto para el 24 de mayo de 2026.
Asimismo, el magistrado ordenó inscribir a los investigados en el Registro Nacional de Procesados por el delito de desaparición forzada.
El juez Chávez Tamariz también dictó para los investigados la medida de comparecencia simple, dado que la Fiscalía no solicitó ninguna medida coercitiva personal dentro del plazo establecido en el artículo 266 del Código Procesal Penal.
Como se recuerda, en el año 2009, la Corte Suprema dispuso el sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba Ollanta Humala por el caso Madre Mía, al considerar que no existían méritos suficientes para llevarlo a juicio oral por los hechos vinculados a dicha investigación.
Actualmente, el exmandatario se encuentra cumpliendo una pena de 15 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate, impuesta por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el pasado 15 de abril. La condena responde al delito de lavado de activos en perjuicio del Estado, vinculado a los presuntos aportes ilícitos que habrían financiado sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
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