La Oficina de Derechos Humanos de la solicitó este miércoles al que “revise y revierta” los efectos que produce la nueva ley de protección policial promulgada hace algunos días en el contexto de una emergencia sanitaria.

Dicho organismo advirtió que con la nueva norma se deroga el principio de proporcionalidad y se exime de responsabilidad penal a los agentes policiales que hagan uso de sus armas de fuego.

“Hacemos un llamado urgente al Congreso de Perú, así como a todas las autoridades competentes, a revisar y revertir los efectos de esta nueva ley, pues en varios aspectos contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, se lee en el comunicado suscrito por Jan Jarab, titular de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Jarab consideró que la promulgación de esta norma constituye un “retroceso preocupante en la normativa que venía desarrollando Perú en materia del uso de la fuerza”.

Indicó, asimismo, que “es fundamental la rendición de cuentas por las acciones de las fuerzas de orden y seguridad” en el marco de los esfuerzos que los países vienen realizando para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

"No se deben dejar espacio a arbitrariedades o a la impunidad sobre todo en circunstancias extraordinarias como las que enfrentamos hoy”, señaló Jarab.

El pasado sábado el Congreso de la República publicó por insistencia la Ley Nº 31012 de Protección Policial que tiene por objeto otorgar protección legal a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando, en ejercicio de su función constitucional, hacen uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte.

Esta ley también tiene por objeto brindar el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal policial, que afronta una investigación fiscal o un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.

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