El Gobierno promulgó la Ley No. 32254 que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos y que permite que puedan gastar hasta el 50% del financiamiento público directo que reciben por tener representación parlamentaria en la compra de inmuebles o en abogados para la organización, sus representantes y directivos.
Sobre el financiamiento privado, la norma señala que cada aportante podrá dar hasta 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año a una organización política pero ninguno puede entregar más de 500 UIT al año sin importar a cuántas organizaciones financie.
Entre otras prohibiciones, la norma establece que no pueden aportar sentenciados por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo, entre otros. La prohibición se extiende hasta diez (10) años después de cumplida la condena. La norma lleva la firma de la presidenta Boluarte y del premier Adrianzén.
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