A través de un pronunciamiento oficial, la alta funcionaria también rechazó un latente obstruccionismo a la investigación fiscal. (FOTO: Ministerio Público)
A través de un pronunciamiento oficial, la alta funcionaria también rechazó un latente obstruccionismo a la investigación fiscal. (FOTO: Ministerio Público)

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, emitió un pronunciamiento oficial tras presentar, este martes once de octubre, una denuncia constitucional contra el ante el Legislativo.

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“Puedo anunciar que hemos hallados muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones”, manifestó la alta funcionaria.

Posteriormente, tras asegurar que la Fiscalía investiga “a partir de los hechos y no a las personas”, Benavides se dirigió al Parlamento y afirmó que este tiene un papel “excluyente” en dicha situación.

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“Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción”, puntualizó.

Benavides Vargas también destacó que si bien el presunto grupo delincuencial está liderada por el presidente Pedro Castillo, según la tesis fiscal, esta también involucra a los exministros Juan Silva (hoy prófugo) y Geiner Alvarado, ambos extitulares del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el exgerente de Petroperú Hugo Chávez.

Delitos atribuidos

La Fiscal de la Nación recordó a la ciudadanía que “los indicios hallados” constituyen para la Fiscalía una sospecha fundada de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Los casos están vinculados a supuestos malos manejos en las entidades Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

“La decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos, en puestos claves; en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, indicó Benavides.