Las reveladoras declaraciones de un colaborador eficaz acusan a Patricia Benavides, suspendida fiscal de la Nación, de solicitar sobornos durante su gestión en el Ministerio Público. Según el testimonio, Benavides habría pedido a Jaime Villanueva que contactara a su “amigo” del Data Center para asegurar el contrato de adquisición de computadoras a cambio de un pago.
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“Patricia Benavides le pidió a Jaime Villanueva que avise a su ‘amigo’ del Data Center para concertar el otorgamiento de la buena pro de un proceso de adquisición de computadoras a cambio de una contraprestación económica”, se lee en el documento fiscal.
El colaborador eficaz con el código 33-2023 afirmó que Benavides Vargas recibió S/30,000 de Villanueva en octubre pasado, presuntamente por favorecer a Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C. en la adjudicación de una compra por más de S/3 millones 400 mil.
“Jaime Villanueva le hace entrega de los [...] S/ 30000, cumpliendo con lo acordado entre Giancarlo Valer Enciso, Miguel Ángel Girao, Jorge Luis Palomino Quesada y él, un día antes en el bar ‘Magna Haus’, ubicado en Surco, mencionándole que ello correspondía como contraprestación por su participación para direccionar la contratación de las computadoras”, indica el requerimiento fiscal.
La exfiscal habría comentado que usaría ese dinero para “pagar los gastos médicos de su hijo, quien había sido operado en la clínica San Pablo”, mientras que Villanueva utilizó S/10 mil para gastos personales y cambió S/5 mil a dólares, depositándolos en una cuenta en el BBVA el 5 de octubre de 2023.
El diario El Comercio tuvo acceso a la resolución judicial que autorizó la detención preliminar de siete presuntos miembros de la red criminal supuestamente liderada por Benavides y el allanamiento de 18 propiedades, se incluyen nuevos elementos que indican que la suspendida fiscal suprema y los miembros de su círculo negociaron contratos públicos a cambio de coimas.
En el documento se indica que entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre del año pasado, el Ministerio Público, bajo la dirección de Benavides Vargas, emitió otras cuatro órdenes de compra de computadoras por un total de S/4′070.666.87 a favor de Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C., cuyo gerente general es Johan Chauca Iparraguirre.
Antes de la emisión de la primera orden de compra, Benavides se reunió en su oficina con Villanueva para informarle sobre un próximo proceso de adquisición de equipos. Esto con el fin de que se pusiera en contacto con Valer Enciso para coordinar otro pago a cambio de influir en la adjudicación del contrato, según la tesis fiscal.
En el extenso documento de 592 páginas, al que El Comercio tuvo acceso, se detalla que el 12 de julio de 2023, Marena Mendoza Sánchez, entonces coordinadora de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, envió a la Gerencia General de Logística del Ministerio Público las especificaciones técnicas para la compra de 729 CPU y monitores.
Según la investigación liderada por la fiscal superior Marita Barreto, la primera semana de octubre pasado, Benavides contactó a Villanueva por Signal para informarle que la adjudicación del contrato de compra de computadoras por S/3′451.769.31 a favor de Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C., empresa vinculada al oficial FAP retirado, estaba próxima. Le instruyó que pidiera el pago anticipado de una suma de dinero.
¿Quien es Giancarlo Valer Enciso?
Giancarlo Valer Enciso es un oficial retirado de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con conexiones a empresas que realizan inversiones millonarias es uno de los detenidos en la operación Valkiria XI.
Tras la orden de la ahora exfiscal de la Nación, Villanueva contactó al oficial FAP (r) para organizar una reunión en el Lima Central Tower, en Surco. A este encuentro asistieron “El Filósofo” y Jorge Palomino Quesada, gerente de Logística del Ministerio Público, en horario laboral para ambos.
Durante la reunión, Valer Enciso informó al exasesor principal de Benavides que en una sala contigua se encontraba el empresario al que se le debía adjudicar el contrato, y que era necesario que Palomino Quesada se reuniera con él “para que coordinen asuntos netamente técnicos”.
Durante la gestión de Benavides, Inversiones Tecnológicas del Perú SAC habría obtenido contratos por más de 7 millones de soles con el Ministerio Público.
Se sospecha que además de recibir coimas, la exfiscal habría manipulado destituciones y nombramientos en fiscalías clave, favoreciendo a individuos polémicos. Según un colaborador eficaz, Benavides habría intervenido para archivar casos judiciales a cambio de pagos. Se está investigando una posible trama de corrupción dentro del Ministerio Público.
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