Jaime Villanueva Barreto, exasesor principal de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue detenido de manera preliminar en una clínica ubicada en el distrito de Santiago de Surco. La detención se llevó a cabo durante un operativo conjunto realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).
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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional emitió la orden de detención, descerraje y allanamiento de la residencia en el distrito de La Molina, así como de su oficina en el Ministerio Público.
Estas medidas se llevaron a cabo en respuesta a una solicitud presentada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga a Villanueva Barreto y otros asesores como parte de una presunta organización criminal presuntamente infiltrada en la alta dirección del Ministerio Público, supuestamente liderada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según el Equipo Especial, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Angel Girao Isidro, funcionarios del Ministerio Público, junto con el coordinador parlamentario Abel Hurtado Espinoza, serían parte de una organización criminal que supuestamente habría utilizado la persecución penal en su propio beneficio. Se alega que el propósito era influir en decisiones de congresistas, específicamente en la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación, todo con fines ilícitos.
La investigación del Eficcop, en el caso denominado ‘La Fiscal y su cúpula de Poder’, señala que esta presunta organización criminal buscó debilitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el fin de evitar la destitución de Patricia Benavides.
La orden judicial también incluye el allanamiento y descerraje de las viviendas y oficinas de Abel Hurtado Espinoza y Miguel Angel Girao Isidro. La detención preliminar de Villanueva Barreto tendrá una vigencia de 10 días.
Todas estas personas están siendo investigadas por la presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública, específicamente organización criminal, y contra la administración pública, en el ámbito de tráfico de influencias.
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