PCM plantea trabajo comunitario para presos

En materia de Seguridad Ciudadana, la Presidencia del Consejo de Ministros planteó modificar el Código Penal para cambiar la tipificación del delito de asociación ilícita para delinquir por “organización criminal”.

También se contempla constituir como “nuevos delitos” criminales el portar armas sin licencia, el tráfico de sangre; así como incluir la figura de “banda criminal” para poder interponer acciones legales en contra de las organizaciones criminales “por el solo hecho de reunirse y planificar sus delitos”.

En este marco, se establece la posibilidad de restringir la aplicación de la “terminación anticipada y la confesión sincera” para los acusados de feminicidio, así como considerar como “agravante” el hecho de que el agresor acabe con la vida de su víctima frente a sus hijos.

En cuanto a la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario, el Ejecutivo plantea promulgar una ley que establezca un procedimiento especial para que los reos primarios condenados a cuatro años o menos puedan solicitar al Poder Judicial cambiar su pena por prestación de servicios a la comunidad.

En otra parte del documento, se ofrece legislar para adecuar la normatividad penal a los estándares del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas que, en marzo del 2016, recomendó al Estado peruano garantizar la protección de los adolescentes acusados de cometer actos ilícitos.

De otro lado, se propone una reforma del Ministerio del Interior para crear dos unidades orgánicas, una encargada de la interacción del Mininter con la PNP y la otra que se dedique a realizar el seguimiento de procesos y atención de víctimas.

Finalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros contempla otorgar facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que, previa autorización de un juez, tenga acceso también al secreto bancario y a la reserva tributaria. En tal sentido, se pide que dicho organismo comparta la información recabada con el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En este apartado, se solicita también que tanto los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, programas del Estado, como los contadores y abogados, se conviertan en “sujetos obligados” y reporten sus movimientos ante dicha institución.