El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú declaró infundada la solicitud de cese de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, manteniendo vigente la medida por 18 meses desde julio de 2024.
Pedro Castillo enfrenta cargos por presunta rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, relacionados con su intento fallido de golpe de Estado en diciembre de 2022.
La defensa argumentó que los fiscales que intervinieron no tenían competencia para procesarlo y solicitó la liberación, pero el juez rechazó estos argumentos, señalando que la actuación de fiscales adjuntos supremos está legalmente respaldada.
Además, no se presentaron nuevos elementos que justifiquen modificar la prisión preventiva. Pedro Castillo permanece recluido en el penal Barbadillo mientras continúa el proceso judicial.
Pedro Castillo niega los cargos y cuestiona la legitimidad del proceso. La Fiscalía ha pedido 34 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La decisión judicial refuerza la postura de mantener la prisión preventiva como medida proporcional y justificada.
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