El expresidente Pedro Castillo fue condenado -en primera instancia- a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, luego de su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La expremier Betssy Chávez fue condenada al mismo tiempo de prisión. Sin embargo, ella se encuentra asilada en la residencia de la embajada de México.
Mientras que el exministro del Interior, Willy Huerta, fue condenado a 11 años 11 meses y 15 días de cárcel; y el expremier Aníbal Torres a 6 años y seis meses de cárcel. Sin embargo, estos dos últimos tendrán suspendida las penas hasta que sea ratificada en una segunda instancia.
Al respecto, Correo consultó con abogados para conocer su postura sobre la condena.
LUIS LAMAS PUCCIO
El abogado Luis Lamas Puccio dijo coincidir con el voto singular del juez Iván Guerrero.
“No debieron ser condenados solo por el delito de conspiración para rebelión, sino por rebelión”, afirmó.
El letrado recordó que el Código Penal establece que el delito de conspiración se da cuando dos o más personas conspiran para cometer un delito.
“Entonces, no puede haber conspiración, si es que no hubo rebelión”, sostuvo.
Agregó que si bien es cierto el voto singular se enfoca en tentativa por rebelión, el Código Penal es punible, por lo tanto, es como si el delito se hubiera concretizado.
“El haber excluido la rebelión ha debilitado la defensa de la democracia, porque la realidad es que 20 años no es lo mismo que 10 años. La inhabilitación debió ser de por vida”, dijo.
Además, consideró que “el caso podría caerse” en una segunda instancia.
VALERIA MORÓN
“Personalmente yo estoy con el juez Iván Guerrero”, dijo la penalista Valeria Morón. Desde su punto de vista, si existió el delito de rebelión en el grado de tentativa en el caso del golpe de Estado de Pedro Castillo.
“Hubo un mensaje a la nación que es un acto idóneo suficiente para que se logre el alzamiento de armas que al final no se dio. Hay que considerar que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas”, dijo.
En diálogo con Correo, la experta recordó que existen tres posiciones sobre el caso del golpe de Estado: La primera de un grupo que dice que no hubo rebelión porque no se dio el alzamiento de armas, la segunda posición es que hubo rebelión sin alzamiento de armas y la tercera que no hubo nada porque todo fue parte de un “intento”.
Desde su punto de vista, el caso no se debilitará en una segunda instancia y no habrá absolución, sino que se reexaminará el caso para definir si se apunta a la conspiración para rebelión o tentativa.
ROLANDO BAZÁN
Para el penalista Rolando Bazán, los integrantes de la Sala Penal Especial no desarrollaron de manera adecuada la imputación de conspiración para rebelión.
“Yo considero que lo solicitado por la Fiscalía con esa imputación, no constituye el delito de rebelión en si”, indicó.
Bazán sostuvo que la Sala ha hecho una apreciación para adecuar lo ocurrido con el delito de conspiración para rebelión. Sin embargo, esto no bastaría para que cometa un delito.
Desde su punto de vista, el caso de Castillo Terrones no aplica para el delito de conspiración o tentativa de rebelión.
“No considero que existan los verbos propios para el delito de rebelión. Debería ser absuelto”, sostuvo.
