En lo que sería parte de su estrategia para dilatar o frustrar el juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado que anunció el 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo se declaró en “huelga de hambre” en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido desde su arresto.
Mediante un manuscrito difundido en sus redes sociales –y que lleva su firma y la de uno de sus abogados, Walter Ayala–, el exmandatario afirmó que es objeto de una “injusticia” por actos que “nunca” cometió.
“Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano he decidido acatar a partir de esta fecha huelga de hambre”, escribió.
También criticó a una jueza del tribunal que lo juzga por adelantar opinión y “forzar el tipo penal de rebelión”.
Desde el inicio del juicio oral en su contra por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad, el bien vacado exmandatario se ha mostrado renuente al proceso judicial.
En la primera audiencia, el 4 de marzo, Castillo se presentó sin su abogado, motivo por el cual se le designó un defensor público.
En la siguiente sesión, el 6 de marzo, el exgobernante fue desafiante y protagonizó un altercado con los miembros del tribunal, que preside el juez supremo Luis Neyra, e intentó abandonar la sala.
Demanda. Walter Ayala, exministro de Defensa y abogado del golpista, precisó que con su huelga de hambre el exmandatario exige su liberación y un “tribunal imparcial”.
“La decisión de una huelga de hambre es porque él está haciendo una protesta pacífica para que el Perú y el mundo tenga conocimiento que se encuentra preso de manera injusta, arbitraria”, dijo en RPP.
Afirmó que el expresidente ha renunciado a su defensa legal en el proceso por delito de rebelión, porque no está de acuerdo que la jueza Norma Carbajal “haya dicho que rebelión es alzarse en armas sin armas”. “Ha creado una nueva tipología del delito de rebelión cuando la ley es clara”, subrayó.
FALTA. Ante el anuncio, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que informó que negarse a ingerir alimentos como acto de protesta es una “falta disciplinaria grave”, motivo por el cual el exmandatario será aislado en el penal de Barbadillo y se le suspenderán las visitas.
Agregó que iniciará un proceso administrativo disciplinario al ex jefe de Estado.
Por su parte, el Ministerio Público, mediante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita (Cuarto Despacho), dispuso comenzar acciones de prevención del delito con el objetivo de verificar la integridad física de Pedro Castillo.
En esa línea, personal del Ministerio Público se acercó al Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde, como parte de las disposiciones fiscales, solicitó un informe detallado al director del penal.
