Durante la audiencia de alegatos de clausura del juicio oral por su intento de golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo Terrones ratificó su inocencia en el proceso judicial que concluirá este viernes 21 de noviembre.
Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario fue enfático al señalar que, si en la sentencia próxima a emitirse se encontrara algún indicio de corrupción, no solo acataría el fallo del juez supremo José Neyra Flores, sino que incluso estaría dispuesto a solicitar la “pena de muerte”, a pesar de que en el Perú esta medida no se aplica por sentencias judiciales.
El exjefe de Estado presentó su último descargo antes de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emita el veredicto. Antes de la culminación del juicio iniciado en marzo pasado, Castillo Terrones afirmó que no se benefició con dinero público del Estado y negó haber recibido fondos ilícitos durante los 17 meses que ocupó el Palacio de Gobierno.
“Tres años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción y no me lo van a encontrar porque yo no vine para eso y acá le digo al país y ante ustedes: si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo o haber abierto una cuenta afuera o tener una propiedad y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte, porque eso es lo que se tiene que corregir en el país”, manifestó el expresidente.
Pedro Castillo cuestiona la ausencia de pruebas en la apelación por presunta rebelión
Durante la audiencia de apelación por el proceso que enfrenta por el presunto delito de rebelión, Pedro Castillo afirmó que el Ministerio Público no ha presentado elementos concretos que acrediten su participación en los hechos que se le atribuyen.
También señaló que, pese al avance del expediente, no existe un sustento claro que respalde la acusación.
Castillo también expresó su desconcierto por el cambio de postura fiscal. Recordó que, desde el inicio, fue señalado de manera directa, pero ahora (según dijo) “el mismo fiscal ahora parece defender al autor principal”. Añadió que esta variación en la conducta procesal genera dudas sobre la solidez del caso.
Uno de los puntos que más cuestionó fue la imputación de coautoría junto al congresista Roberto Sánchez. Castillo indicó que revisó íntegramente el expediente y no identificó argumentos técnicos que sustenten esa vinculación.
Castillo remarcó: “No es posible sostener la coautoría si no hay una acción conjunta demostrada”, y aseguró que coincide con la estrategia planteada por su defensa legal.
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