​Pedro Chávarry podría ser acusado por infracción constitucional, según la Defensoría del Pueblo

La intempestiva remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba (decisión de la que después reculó), le podría costar a Pedro Chávarry una acusación constitucional en su contra, según la Defensoría del Pueblo.

En un nuevo pronunciamiento, la institución que preside Walter Gutiérrez calificó de arbitraria la salida de los citados miembros del Equipo Especial del caso Lava Jato y consideró que la decisión de Pedro Chávarry es una infracción a la Constitución "al carecer de sustento constitucional".

"El cambio intempestivo e inmotivado de fiscales que vienen desarrollando una investigación emblemática, compleja y de trascendencia nacional, perjudica la acción del Ministerio Público, pues detiene o demora las investigaciones en curso y reduce las posibilidades de defensa de los procesados", dice el comunicado.

"La resolución emitida por el Fiscal de la Nación no precisa de forma objetiva la forma como los fiscales retirados -y luego repuestos en sus cargos- habrían vulnerado sus deberes funcionales. La Defensoría del Pueblo considera que la Resolución Nº 4853-2018-MP-FN carece de sustento constitucional y su ausencia de motivación la convierte en arbitraria. Por ende, hace pasible de una Acusación Constitucional al Fiscal de la Nación por infracción a la Constitución", se añade.

Ley Orgánica desfasada

"La actual situación ha puesto en evidencia la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de que hechos como los presentes no se repitan y, en todo caso, puedan resolverse en términos de absoluta independencia institucional", se lee en el escrito.

"La Defensoría del Pueblo considera que una solución transitoria viene dada por la regulación de las actuales atribuciones del Fiscal de la Nación a fin de que se eviten actos arbitrarios o interferencias con las labores de investigación fiscal. En la misma línea, se podría fijar de mejor forma las competencias de la Junta de Fiscales Supremos, permitiendo que se integren a ella los fiscales supremos adjuntos, siempre que cumplan ciertos requisitos de idoneidad para el cargo. Consideramos imprescindible que se dote a esta instancia de competencia para suspender de sus funciones al Fiscal de la Nación cuando este incurra en actos manifiestamente inconducentes o arbitrarios. Estas reformas, dada la urgencia, deben ser emprendidas por el Congreso de la República a la brevedad posible", apuntan.

Proyecto de ley bajo la lupa

"El Ministerio Público es un ente constitucional que forma parte del sistema de justicia. Su autonomía goza de garantía institucional frente al Poder Legislativo y otros poderes públicos. Por ello, las propuestas normativas que pretendan modificar su organización y competencias deben guardar consonancia con este mandato", se agregó.