El 8 diciembre del 2024, el cuerpo de una niña de 12 años fue hallado en el asentamiento humano Los Lúcumos, en Villa María del Triunfo. Dos días después, la presidenta Dina Boluarte afirmó que “era el momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”.
Efectivamente, desde aquella fecha, el Gobierno impulsa una serie de sesiones descentralizadas en diferentes regiones del Perú para debatir la viabilidad de aplicar la pena de muerte en el país. Sin embargo, la gestión de Boluarte Zegarra obvia mencionar todo el proceso jurídico y tiempo que conllevaría su planteamiento, esto además del gasto público, esfuerzo y tiempo que genera el realizar actividades para debatir el tema, esto sin tener la certeza de que se llegue a concretar.
DETALLES
De acuerdo con información revisada por Correo, desde diciembre del año pasado hasta la fecha, el Gobierno de Dina Boluarte realizó nueve audiencias descentralizadas para debatir la viabilidad de la pena de muerte (ver infografía).
Cada audiencia implica el traslado de altas autoridades desde Lima hacia una determinada región, lo que conlleva un gasto de pasajes y viáticos de los funcionarios.
A esto se le suma el uso de instalaciones en las regiones, así como el tiempo -al menos las dos horas- para debatir el tema en cada ciudad.
La primera sesión se realizó el 27 de diciembre en la ciudad de Trujillo, región de la Libertad, bajo el liderazgo del ministro de Justicia, Eduardo Arana.
“La sociedad civil no es aquella en la que 4 o 5 expertos se presentan en la televisión y dicen esto es lo que el Perú debe seguir. Nosotros dijimos que tenemos que escuchar a las fuerzas vivas de cada región del país para saber si en efecto están a favor o en contra de la pena de muerte”, afirmó el ministro Arana para justificar el debate acerca del tema.
Cabe recordar que una encuesta de Ipsos de febrero de 2018, reveló que el 87% de peruanos está a favor de que se implemente la pena de muerte para quienes violen y asesinen a menores de edad.
Una segunda sesión se realizó en Huacho bajo el liderazgo de Charles Napurí Guzmán, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
La autoridad consideró que la violación a menores de edad es un crimen atroz con marcas imborrables, un hecho que merece una respuesta contundente del sistema de justicia.
“Hoy más que nunca necesitamos abordar este tema basado en evidencia”, dijo la autoridad.
La tercera audiencia descentralizada se realizó el 16 de enero de este año en el Auditorium del Colegio de Abogados de Arequipa.
El ministro Arana también lideró la sesión que se realizó en Cajamarca.
La última audiencia descentralizada se llevó a cabo en Pucallpa el 10 de febrero.
La Comisión Sectorial del Ministerio de Justicia que se encarga de organizar los debates, tendrá que elaborar un informe técnico al final que recoja las propuestas para evaluar la aplicación de la pena de muerte.
La resolución ministerial que autorizó la creación del mencionado grupo se publicó el 14 de diciembre de 2024.
La comisión tiene una vigencia de tres meses y debe presentar su informe final el próximo mes. Sin embargo, su existencia puede prorrogarse.
ANÁLISIS
Para el exministro de Justicia, José Tello, la posibilidad de aplicar la pena de muerte para los violadores sexuales de menores de edad, requiere del análisis de tres aspectos.
El primero de ellos es la licencia social, es decir, hasta qué punto la ciudadanía respalda la medida.
“Empleemos el término de la legitimidad de la medida. La gente en las encuestas de opinión ve incluso la pena de muerte como una solución. Si vemos esto, si tiene legitimidad y respaldo”, indicó en diálogo con Correo.
Sobre el segundo aspecto, Tello refirió que es importante observar la situación que atraviesa en la actualidad nuestro sistema de justicia.
Por ejemplo, el Ministerio Público necesita para cerrar brechas de operatividad 15,248 millones de soles y solo ha recibido para el Año Fiscal 2025 un total de 2921 millones de soles. Está falta de recursos se advierte, por ejemplo, cuando existe una demanda de 1002 peritos a nivel nacional y solo se cuenta con 219 que tienen que compartir una sola camioneta y 4 computadoras especializadas en análisis digital forense.
A esto se le suma las incidencias de corrupción en el Poder Judicial (PJ).
“Hay una administración de justicia que no tiene recursos y que no tendría la capacidad de administrar justicia adecuadamente y resolver temas tan complicados como la pena de muerte”, apuntó.
“Qué garantiza que el PJ o el MP tengan las capacidad para llevar adelante este tipo de casos”, agregó.
Sobre el tercer punto, el extitular de Justicia explicó que el procedimiento para hacer efectiva la medida podría tardar en promedio tres años.
“Es un procedimiento largo que se aborda en instancias internacionales”, dijo.
Finalmente, Tello consideró que si se va a debatir la pena de muerte, es importante que el Estado evalúe la inversión en el sistema de justicia, en salud, educación, infraestructura, entre otros.
“Tiene que haber políticas públicas que permitan un fortalecimiento de la arista que es la pena de muerte, porque para eso se necesita todo un fortalecimiento. Me parece que es importante, que si debemos verlo (debatir la pena de muerte), pero en la medida en que estemos en la capacidad y cumplamos con los procedimientos”, apuntó.
“En resumen, la viabilidad de una reforma de esta magnitud dependería de un consenso político solido, que a mi entender debe partir de una evaluación realista de nuestras capacidades institucionales”, concluyó.
POSIBILIDAD
Para el penalista Andy Carrión, no es posible implementar la pena de muerte para violadores de menores de edad, porque es un tema que involucra a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y pasa por un tema constitucional.
“La Convención Interamericana prohíbe el tema de establecimiento de este tipo de penas y en segundo lugar, nuestra Constitución dice para se aplica para traición a la patria en tiempos de guerra”, precisó.
Sin embargo, el experto indicó que si el Perú busca implementar la medida, el Ejecutivo tendría que denunciar la Convención Interamericana, esperar una respuesta, luego hacer una reforma constitucional para incorporar un artículo que habilite el tipo de pena y luego reformar el Código Penal.
“Definitivamente no se daría en este gobierno, porque le queda muy poco tiempo y quien disfrutaría eventualmente de la norma, sería el próximo gobierno, diría que la mitad del próximo gobierno”, sostuvo.
Sobre la utilidad de los viajes y la parafernalia que está desplegando el Gobierno de Boluarte para promover el tema, Carrión consideró que es absolutamente innecesario.
“No ganan nada promoviendo un debate que implica ya ciertas limitaciones para su implementación tanto de manera internacional como nacional”, manifestó.
Cabe precisar que hace unos días el constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que no se podía reimplantar la pena de muerte para otros casos, porque en el año 1994, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo una opinión consultiva que afirmaba que Perú no podía cambiar lo establecido, porque se violaba la convención se adquiría responsabilidad internacional.
“Señalaron que se genera responsabilidad internacional para los agentes o funcionarios que ejecuten tal acto, es decir, serán considerados criminales internacionales todos aquellos que intervengan en la implementación de la pena de muerte”, advirtió.
Desde su punto de vista, la pena de muerte se discute como un distractivo.
