15 años de prisión es la pena que contempla el Código Penal para el delito de colusión agravada.
15 años de prisión es la pena que contempla el Código Penal para el delito de colusión agravada.

El Ministerio Público no es proactivo en las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucrarían al actual Gobierno y al presidente Pedro Castillo, señalaron a Correo los abogados penalistas Julio Rodríguez y Mario Amoretti.

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Ambos comentaron las revelaciones de los programas dominicales Punto Final y Panorama, en torno a la presunta injerencia del Ejecutivo en Petroperu vinculada al proceso de selección para la adquisición de Biodiesel B 100 para la Planta de Ventas del Callao, Conchán y Mollendo.

“La fiscal de la Nación debe abrir investigación, cuanto antes, al presidente, quien según lo revelado por informes periodísticos habría tenido injerencia directa en reuniones con quien adjudica el producto requerido y el postor. Ya no se puede hablar de Bruno Pacheco como intermediario”, indicó Rodríguez a este diario.

En esa línea, criticó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no haya abierto investigación a Castillo.

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“No se ha visto una actitud célere de la Fiscalía de la Nación. Es natural que existen dudas sobre la actuación del Ministerio Público”, dijo.

Por su parte, Amoretti lamentó que, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado los videos de las cámaras de seguridad de la Secretaria de Palacio en el caso que involucra al exsecretario presidencial Bruno Pacheco y otros por tráfico de influencias.

Sobre el caso de las reuniones en Palacio -entre Castillo, el gerente de Petroperú Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh y Karelim López-, añadió que el mandatario puede ser investigado por colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.

“Para abrir una pesquisa se necesita la simple sospecha de un acto ilícito. En este caso, las reuniones subrepticias en Palacio ameritan una pesquisa de inmediato”, concluyó Amoretti.