Abogados especializados en derecho penal estiman que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debería dejar el cargo frente a las graves imputaciones contra sus asesores de confianza, y que comprometen su idoneidad.
“Sus asesores habrían estado intercambiando favores, prebendas, con algunos congresistas a cambio de que no prosperen las investigaciones penales contra ellos, y asegurar ciertos votos que a la fiscal de la nación le favorecerían desde el punto de vista político”, comenta para Correo la abogada Romy Chang Kcont, doctora en Derecho penal y procesal penal.
Chang asume que “lo más sano sería que dé un paso al costado”, si nada tiene que temer, siendo además defensora de la legalidad según la Constitución.
AFECTARÍA CASOS
Chang teme que los casos en investigación en la Fiscalía de la Nación serán afectados negativamente.
“Definitivamente esto va a impactar en los casos (...)”, asegura, en vista que va a generar problemas en relación con las denuncias constitucionales que Benavides tiene pendientes de formular contra varios congresistas: “Es que ella está deslegitimada”.
OBSTRUCCIONISMO
El doctor en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemania) Andy Carrión Zenteno considera que Benavides debería renunciar: “Cada papel que ella estaría desempeñando dentro de su rol de Fiscal de la Nación podría ser considerado un acto obstruccionista, por ejemplo, la remoción de la fiscal Marita Barreto”.
En esta línea, adjetiva como “un manotazo de ahogado” el anuncio de acusaciones constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
Estos actos, opina, “no hacen más que ratificar que ella debe abandonar el cargo”.
En cuanto al asesor Jaime Villanueva considera Carrión que “un asesor de ese nivel no puede actuar por cuenta propia”.
