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La reciente propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales, y que estas se desarrollen en el 2020 en vez del año del bicentenario, ha puesto sobre la mesa el tema de la gran cantidad de ocasiones en que los peruanos hemos acudido a las urnas desde el 2016. Y, tan o más importante que eso, los costos que estas generan.

En menos de cuatro años, el Perú atravesará por lo menos por siete procesos electorales de alcance nacional, en caso de aprobarse la propuesta del presidente Martín Vizcarra para acortar su periodo y el del actual Parlamento.

En la cuenta figuran los dos sufragios del 2016 (primera y segunda vuelta), los comicios municipales y regionales del 2018 (primera vuelta), la segunda vuelta de dicho proceso y el referéndum que lo acompañó por la reforma judicial y política que impulsó el Gobierno.

A estos se sumarán la nueva consulta popular que el Ejecutivo promueve ahora para el adelanto de los sufragios, las eventuales elecciones presidenciales y congresales del 2020 y su consiguiente segunda vuelta.

Sobre el tema, Correo pudo conocer que el Perú destinó más de S/1200 millones a los procesos electorales desarrollados entre los años 2016 y 2018.

OPINIONES. Aunque los comicios del 2016, así como los municipales y regionales del año pasado, estaban previstos en el calendario electoral, para el especialista Julio César Castiglioni la convocatoria de nuevos procesos no previstos genera un ambiente de incertidumbre y hasta una imagen de debilitamiento de las instituciones.

“Hemos entrado en un etapa bastante complicada, más que nada a nivel constitucional. El análisis va por el tema de la gobernabilidad del país (...) No creo que con estos procesos tengamos tampoco los mejores resultados”, dijo en alusión a los candidatos que resultarían ganadores el próximo año.

Asimismo, cuestionó la brevedad de los plazos previstos en el cronograma elaborado por el Ejecutivo, en el que se plantea que en menos de un año se tengan ya nuevas autoridades.

“Las elecciones antes se convocaban con mayor tiempo (...) Los mismos electores no van a saber a quién elegir”, respondió al ser consultado sobre la idoneidad de los aspirantes que surjan producto de las elecciones internas en las organizaciones políticas.

Por su parte, José Tello Alfaro, también experto en temas electorales, aseguró que los procesos electorales de los últimos años están “de acuerdo a ley y son regulares”.

“La elección general prevé una segunda vuelta presidencial si no se supera el porcentaje del 50% de votos (...) La segunda vuelta regional es también aplicable desde el 2010, porque se modificó la norma”, refirió.

“Cuatro de estos procesos han sido normales para que se den. En lo que podemos ver un aspecto no tan recurrente es en el referéndum”, advirtió.

Tello calificó como algo sui géneris que en menos de un año el gobierno de Vizcarra impulse dos consultas populares para cambiar la Constitución, la última para un plebiscito en noviembre. Sin embargo, resaltó que para estos procesos también se aplican las normas vigentes.

Añadió que la actual gestión se enfoca en la reforma, pero ha relegado otros sectores, donde no hay avances concretos en gestión gubernamental.

Sobre los resultados electorales, estimó que el país “tendrá más de lo mismo”, al no considerar “que los partidos puedan ofrecer una mejor calidad de parlamentarios o candidatos a la Presidencia”.

“Va a depender mucho del elector, de que tome conciencia de por quién va a votar finalmente. Los partidos van a armarse de listas de candidatos de toda la vida u oportunistas que van a aparecer”, puntualizó.

Detalles

Así se divide el costo de las elecciones

Víctor Velásquez, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que los costos de producción de los comicios se dividen en cuatro aspectos: infraestructura (alquiler de locales), equipamientos (módulos, computadoras, etc.), materia prima directa (cédulas y ánforas) y mano de obra. Este último punto generará mayor costo, pues se necesita personal especializado.