El canciller Hugo de Zela expuso ayer, en Washington (Estados Unidos), la propuesta del Estado peruano para modificar la figura del asilo político. Esto, tras la protección brindada a la condenada Betssy Chávez por parte de México.
La presentación se llevó a cabo ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Se usa la Convención de Caracas para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos”, sostuvo de Zela.
Los representantes de distintos países cuestionaron la iniciativa. Otros, como Ecuador y Paraguay, mostraron apertura.
Encuentro
La sesión, que se inició al promediar las 10:09 a.m. (hora estadounidense), estuvo liderada por el presidente del Consejo Permanente y también representante de Chile ante la OEA, Tomás Pascual.
Tras mencionarse los puntos en agenda, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú tomó la palabra. El plazo establecido para su alocución fue de quince minutos.
De Zela aseguró que el Perú no tiene como objetivo principal generar incidencias en el caso de Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo, luego que esta recibiera asilo político por parte de México cuando enfrentaba un juicio oral.
La Cancillería informó que Chávez se encontraba en la residencia de la embajada de México el 3 de noviembre último. Posteriormente, el miércoles 26 del mismo mes, el Poder Judicial condenó a Chávez a once años, cinco meses y once días de prisión por conspiración para la rebelión.
“Quiero ser muy claro al afirmar que no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático (…) que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en el Perú. Ni tampoco otros ocurridos recientemente en nuestra región”, afirmó.
Sí destacó, sin embargo, que el recibimiento del país vecino “reafirma que se ha producido una evolución negativa” del asilo.
“Esta tendencia se apoya, en reiteradas ocasiones, en información distorsionada por sesgos ideológicos (…). No se ayuda a una democracia, ni al Estado de derecho, al sustraer de su sistema de justicia a sus políticos y sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes”, puntualizó.
Voces
Así, el Perú propone que al evaluarse los pedidos de asilo diplomático por parte de los países miembros, se analice “la naturaleza de los delitos (…) con la información proporcionada por el Estado territorial y otras fuentes confiables”.
Es decir, el potencial país asilante deberá evaluar dichos reportes para “decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.
“Ello exige que la aplicación del Artículo 9 de la Convención (de Caracas) deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado”, indicó de Zela.
En ese sentido, consideró “indispensable convenir un procedimiento previo, de carácter obligatorio, que precise y transparente los términos en los que se debe cumplir” con la Convención.
Solo así, añadió, se establecerán lineamientos para una evaluación “que reduzca la discrecionalidad individual”.
En respuesta, la representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, cuestionó la presentación. En un primer punto, aseguró que el Consejo Permanente no es “el espacio competente para evaluar la aplicación de la Convención”.
“Cabe preguntarnos si esta sesión extraordinaria atiende a un genuino esfuerzo jurídico sobre un asunto hemisférico o si obedece a un intento de dirimir un caso concreto, objeto de controversia entre dos Estados miembros”, indicó en alusión al caso de Chávez Chino.
Los representantes de Ecuador y Paraguay, Mónica Palencia y Raúl Florentín, respectivamente, apoyaron la exposición del ministro peruano. En tanto, Luis Vargas, representante de Colombia, suscribió la presentación de México.
En curso
Tras la intervención del canciller, todo está en manos de la Asamblea General de la OEA. Esta tiene establecido sesionar en junio de cada año.
Así las cosas, se espera que dicha instancia pueda colocar en su agenda del 2026 el pedido de Perú. Esto, sin embargo, queda a discrecionalidad de la Asamblea; es decir, esta tiene la plena facultad de decidir si aborda o no el tema.
En ese sentido, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay consideró que la Cancillería peruana puede realizar gestiones adicionales.
“Esto va a depender mucho del modus operandi por el que haya optado el Perú. Lo que puede hacer, en este contexto, es colocar como tema de agenda lo abordado sobre la Convención de Caracas, pero ya a nivel de cancilleres. La diplomacia peruana en la OEA se debe asegurar que sea un tema de agenda”, señaló a Correo.
Según explicó, el Consejo de Cancilleres convocará o notificará al Consejo Permanente y este, a su vez, hará lo propio con el Comité Jurídico o la Secretaría General de la OEA. “Tanto la Asamblea General como el Consejo de Cancilleres es la máxima instancia de la OEA”, precisó.
Rodríguez Mackay opinó que “el tono de la preocupación peruana pudo ser más enfático y político”. Consideró que “es necesario que, en espacios de esta naturaleza, el canciller sea más político que diplomático”.
