El Poder Judicial alertó al Congreso sobre los riesgos del Proyecto de Ley N.º 3577/2022-CR, que plantea modificaciones al Decreto Legislativo 1373 sobre Extinción de Dominio. Según la institución, la propuesta podría afectar la eficacia de esta herramienta clave en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.
En un informe enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial señaló que la aprobación de esta reforma en segunda votación pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Uno de los principales cuestionamientos es la incorporación de un plazo de prescripción de cinco años para la acción de extinción de dominio, contados desde la firmeza de la sentencia. Según el PJ, este límite de tiempo podría dificultar la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita.
Desde su implementación, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha permitido recuperar 160 millones de dólares en bienes vinculados a delitos como narcotráfico, corrupción, lavado de activos, minería ilegal y trata de personas. En el último año, se incautaron más de 71 millones de dólares y se emitieron 2500 resoluciones en estos procesos.
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