El Poder Judicial dispuso que la Fiscalía de la Nación cierre la investigación o presente una denuncia constitucional en el caso conocido como “Los Niños”, en el que se investiga a 13 congresistas por presuntos actos de corrupción vinculados al gobierno de Pedro Castillo. La medida fue adoptada tras confirmarse que el plazo legal máximo de investigación preliminar, establecido en 36 meses, ya ha vencido.
Con esta medida, el Poder Judicial busca evitar que el caso permanezca indefinidamente en una situación de incertidumbre procesal. En ese sentido, ha ordenado que la Fiscalía elija entre archivar la investigación o formular una denuncia constitucional ante el Congreso, conforme a lo establecido para los funcionarios públicos que gozan de inmunidad.
La investigación se inició a raíz de denuncias que vinculan a los congresistas con una presunta red criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Según la hipótesis fiscal, habrían actuado como el brazo político y legal de dicha organización, utilizando su posición en el Congreso para facilitar nombramientos irregulares y blindar a funcionarios afines dentro del Estado.
Dicha investigación incluye presuntas interferencias irregulares en entidades como el Ministerio de la Producción, Migraciones y otros organismos descentralizados. De acuerdo con la tesis fiscal, estas acciones habrían tenido como objetivo el copamiento político de instituciones clave del aparato estatal.
Tras el vencimiento del plazo legal de investigación, los abogados de los congresistas Juan Carlos Mori y Jorge Flores Ancachi —implicados en el caso— presentaron un recurso de control de plazos ante el Poder Judicial. Esta solicitud fue admitida y derivó en la orden judicial que obliga a la Fiscalía a definir el curso de la investigación.
Julio Espinoza, abogado penalista, señaló: “Los 36 meses que era el plazo máximo se han vencido en mayo. Ya estamos dos meses y medio en un periodo extemporáneo. Así que la Fiscalía de la Nación ya debe definir su posición en este caso”. Por su parte, el abogado Julio Rodríguez cuestionó la demora, asegurando que “se trata de una Fiscalía en crisis”.
En caso la Fiscalía opte por presentar una denuncia constitucional, esta deberá ser evaluada inicialmente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Luego, el expediente será remitido a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Parlamento. Solo si el Congreso decide levantar el fuero parlamentario de los congresistas involucrados, podrá iniciarse formalmente un proceso penal.
El abogado Julio Espinoza precisó que, si bien el Ministerio Público puede solicitar el inicio del proceso penal, este no podrá avanzar sin la autorización del Congreso. Además, recordó que esta prerrogativa parlamentaria se mantiene vigente hasta cinco años después de que los legisladores hayan dejado el cargo.
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