El Poder Judicial programó para el viernes 19 de diciembre el inicio de la audiencia de control de acusación presentada por la Fiscalía contra el congresista José Luna Gálvez y un grupo de implicados, tanto personas naturales como jurídicas, por presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de su partido político, Podemos Perú, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A través de una resolución emitida el pasado 7 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el juez Jorge Chávez Tamariz iniciará la eta pa intermedia del proceso penal contra el congresista José Luna Gálvez y los demás implicados. En esta fase, el magistrado deberá revisar la acusación fiscal y atender las observaciones y solicitudes presentadas por las partes procesales, con el objetivo de determinar si se cumplen los requisitos necesarios para que el caso avance a la etapa de juicio oral.
El magistrado dispuso que esta audiencia preliminar de control mixto se lleve a cabo de manera “presencial” el viernes 19 de diciembre, a partir de las 9:00 a. m., en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra siete de Prolongación Tacna, en el Cercado de Lima. A dicha diligencia, de carácter “inaplazable”, deberán asistir todas las partes procesales involucradas.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 3) solicitó una condena de 22 años y ocho meses de prisión para Luna Gálvez, acusándolo de los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en perjuicio del Estado, relacionados con este caso.
La Fiscalía también pidió una condena de 16 años y cuatro meses de prisión para José Luna Morales, regidor municipal e hijo de José Luna Gálvez, por los mismos delitos. Asimismo, solicitó 16 años y cuatro meses para José Cavassa, acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Para los exconsejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila y Sergio Noguera, la Fiscalía requirió 26 años de prisión por presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito.
Además, se pidió una condena de 10 años y cuatro meses de prisión, junto con penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses, para un grupo de exfuncionarios de la ONPE involucrados en el caso.
También se solicitó imponer multas que oscilan entre 200 y 850 días-multa para los imputados, así como sanciones económicas para las personas jurídicas involucradas: 500 UIT (S/ 2 775 000) para la Universidad Telesup y 250 UIT (S/ 1 337 500) para el partido Podemos por el Progreso del Perú.
La acusación fiscal abarca a 19 personas naturales y 2 personas jurídicas —entre ellas la universidad privada Telesup y el partido político Podemos por el Progreso del Perú (actualmente Podemos Perú)— por presuntos delitos graves como organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El congresista José Luna Gálvez enfrenta además una investigación preparatoria en la Fiscalía, junto a otras personas, por presuntos aportes ilegales de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S., destinados a financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.
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