El presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano, indicó que la Ley 32130, promulgada en octubre de 2024, y que permite que la defensa impugne los autos de enjuiciamiento, retrasa los procesos penales en curso.

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Ante ello, advirtió que la norma impulsada por el Congreso y promulgada el año pasado podría hacer que más de 100 casos penales por crimen organizado y corrupción de funcionarios retrasen su pase a la etapa de juicio oral.

Según informa RPP, dicha norma modificó una serie de artículos del Código Procesal Penal “para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales”.

Como se sabe, dicha ley fue impulsada por las bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País, la cual señala que la PNP esté a cargo de la investigación preliminar del delito y que una impugnación pueda ser interpuesta hasta antes de la emisión del acto que pone fin a cada etapa del proceso penal.

Hanz Contreras dijo que que la Corte Superior Nacional está a cargo de “casos de mucha complejidad”, que implican una serie de procesados, lo cual demanda que la judicatura dedique un tiempo considerable para cada proceso.

“Los casos, por ejemplo, llevan más de 30 o 35 procesados, 10 personas jurídicas y hechos similares que implican, no solamente el tiempo que amerita llevar a cabo estos casos, sino también la dedicación de los magistrados y de todo el personal de la corte especializada”, indicó.

Así, la norma del Congreso permite que la defensa de los investigados pueda impugnar el auto de enjuiciamiento emitido por el juez de investigación, previo al inicio del juicio oral.

“Eso implica en nuestro caso, de conformidad con la vigencia de la ley, un retardo, porque los implicados, al apelar esto, lo que hacen es poner en cuestión el auto de enjuiciamiento en sí e impide que el colegiado que recibe todo el expediente pueda iniciar inmediatamente el juicio oral”, lamentó.

“En nuestra corte, tenemos, aproximadamente, más de 100 casos que están en etapa intermedia. Son casos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, los cuales, una vez emitido el auto de enjuiciamiento, estos pueden ser impugnados por las partes, de acuerdo a la nueva ley”, incidió.

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