Hoy se evalúa el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. La audiencia fue suspendida ayer tras su ausencia física en la sesión, al encontrarse en Tarapoto por actividades proselitistas de su partido Perú Primero y el pedido de su defensa para evaluar la solicitud, contenida en cuatro tomos, con mayor detenimiento. El exmandatario aseguró, a través de su conexión virtual, que comparecerá ante el juez.
Buscaría asilo
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, pide prisión preventiva contra Vizcarra al considerar que en seis meses culminará el juicio oral por el Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en el que este enfrenta quince años de prisión por presunto cohecho pasivo propio.
La Fiscalía sostiene que el exgobernador regional de Moquegua solicitó y recibió millonarios pagos ilícitos (2.3 millones de soles), de las empresas Obrainsa e ICCGSA, para los proyectos citados.
“Existe una imputación específica muy sólida”, indica Juárez en su requerimiento de prisión preventiva al que accedió Correo.
En el documento, sobresalen una serie de motivaciones que serán valoradas, desde las 5:00 p.m. de hoy, por el juez Víctor Alberto Alcocer Acosta (Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional - Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada).
La tesis más sobresaliente, respaldada por otros aspectos clave como una falta de arraigo laboral, recoge que Vizcarra ha intentado instalar, a través de los medios de comunicación, la narrativa de una supuesta persecución política en su contra.
“Está pretendiendo lograr ser declarado perseguido político a efectos de tener, en algún momento, el camino libre para poder solicitar ante cualquier embajada asilo político”, alerta el Ministerio Público (MP).
En relación a ello, anexa un conjunto de entrevistas realizadas al expresidente, ocurridas entre enero y junio del 2025, con las que se “ha llegado a determinar objetivamente que, en todo momento, (Vizcarra) ha venido señalando (…) que es un perseguido político, tanto cuando habla de su proceso penal (caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua), así como cuando habla sobre las inhabilitaciones impuestas por el Congreso” para ejercer cargos públicos.
Por estas últimas, agrega, el exfuncionario ha señalado en dichos espacios que ya ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Debe quedar claro que el procesado pretende, con recurrir a la CIDH, no solo levantar las inhabilitaciones en su contra, sino también politizar el proceso penal que viene afrontando (…) Existe una clara intención de ser declarado perseguido político y, de esta manera, tener la opción de sustraerse de la acción de la justicia (…) ante el escenario de darse una sentencia condenatoria por la alta probabilidad que existe”, acota la Fiscalía.
Alertas
En este marco, la Fiscalía le pide al magistrado que “analice en conjunto” con lo antes descrito, y no de manera aislada”, una disposición policial que alerta una potencial fuga o solicitud de asilo político, ante “la posibilidad de una inminente condena”, por parte de Martín Vizcarra.
Este documento recoge una alerta de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía (PNP) del 21 de mayo. Los escenarios son dos. En uno de ellos, “el procesado podría argumentar que su proceso judicial estaría motivado políticamente; en ese sentido podría solicitar asilo político, siendo los países que podrían ser vistos como destinos atractivos Bolivia, Brasil, entre otros”.
La DIRIN pide que se tenga “en consideración que este tipo de justificación ha sido utilizado en casos similares en nuestro país, como el reciente asilo obtenido por la ex primera dama Nadine Heredia”.
Por otro lado, en caso de una posible fuga, “dada la gravedad de las acusaciones y el riesgo de encarcelamiento”, el exgobernador regional “podría optar por abandonar el Perú utilizando rutas de salida menos vigiladas (…) cuyos países de destinos más atractivos serían Brasil y Bolivia, dada su amistad con el presidente boliviano, Luis (Arce) Catacora”.
“La citada Disposición de Comando abona a la postura que viene adoptando este despacho fiscal”, puntualiza Juárez Atoche.
Hay más: Vizcarra ha evadido seguridad policial
La posibilidad de una eventual fuga también tiene su propio peso. En la documentación revisada por este Diario, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que Vizcarra puede evadir, con facilidad, la seguridad policial que ostenta en su condición de expresidente de la república.
Tras “tomar conocimiento” de los hechos, “por fuente humana”, la entidad “logró determinar objetivamente que el procesado (…) estuvo en el Terminal Terrestre de Moquegua”, el 22 de mayo último, “sin la compañía” de ningún efectivo de la PNP. La corroboración se efectuó tras revisar los videos de las cámaras de seguridad, el 4 de junio último, entregadas por la comuna correspondiente, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
El despacho del fiscal Juárez Atoche pidió explicaciones a la Dirección de Seguridad del Estado. Esta respondió que Vizcarra Cornejo cuenta con once policías a su disposición, desplegados en los distintos puntos que frecuenta y segregados por turnos, y que “durante el desplazamiento a pie del exmandatario, se mantiene una distancia prudencial realizando la cobertura de seguridad (…)”.
El informe brindado por dicha instancia sostiene que el ex Jefe de Estado se encuentra con un régimen de seguridad en la “modalidad semi integral”:
- “a) El señor Martin Alberto Vizcarra Cornejo se encuentra dentro de los alcances de un ex Presidente de la República en la modalidad de Semi Integral: conformando un Oficial PNP, como jefe de escolta y diez [IO)] Suboficiales PNP, en razón de cinco (05) por día, en la modalidad de 24 x 24; como se detalla a continuación: Un (Ol) Oficial PNP, como jefe de escolta, cuatro (04) Suboficiales PNP, asignados a la escolta de seguridad, cuatro (04) Suboficiales PNP, asignados para la seguridad domiciliaria, dos [02) Suboficiales PNP, asignados para conductores de vehículo seguidor PNP; haciendo un total de once (1I) efectivos policiales”.
- “b) Durante el desplazamiento a pie del ex mandatario se mantiene una distancia prudencial realizando la cobertura de seguridad adoptando las medidas pertinentes, considerando la normativa vigente”.
Dicha situación, sin embargo, “no se condice” con el material fílmico. Por ello, sumado a que el exfuncionario ya no tiene ninguna restricción en su contra —se le levantó la comparecencia simple, en diciembre del 2024, por una ley promulgada por el Congreso (Ley 32130)—, la Fiscalía subrayó que el procesado “puede desplazarse libremente por todo el territorio nacional (…) sin necesidad de una autorización policial, incluso sin seguridad del Estado”.
“(Se) nos lleva a inferir que existen motivos razonables para aseverar que la seguridad del Estado (…) ante una eventual fuga por parte del procesado, por Tacna o Moquegua que tiene salida para Puno o Desaguadero, zonas fronterizas con Bolivia, no podrían neutralizarlo”, destacó la Fiscalía.
MP: Vizcarra no tiene trabajo
Mención aparte merece la aparente falta de arraigo laboral del expresidente. El fiscal Germán Juárez enfatiza que su despacho, “a la fecha, no tiene conocimiento de la actividad laboral que viene desempeñando” Vizcarra Cornejo.
Agrega que el último trabajo que se le conoció fue como ingeniero en la empresa Agrotécnica Estuquiña, de la que era socio, y que tenía a su hermano Mario Vizcarra como gerente general.
Por su labor allí, se le concedió permiso de viaje a Moquegua de enero a abril del 2024; y se le negó una nueva autorización para los meses de julio a diciembre del mismo año.
Lo más llamativo vino después. La empresa fue dada de baja —en mayo del 2025— al reportar “inactividad comercial” desde hace doce meses atrás, es decir, desde mayo del 2024. En dicho periodo, el exmandatario pedía permisos de viaje al “laborar” en dicha empresa.
Finalmente, el fiscal indicó que Vizcarra ha viajado a distintas provincias “con el único objetivo de realizar ‘proselitismo político’ de su partido político Perú Primero”.
Llamó la atención sobre el incumplimiento del exmandatario a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien dijo que este “no puede hacer vida política”.
“A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones estableció que el procesado Martin Alberto Vizcarra Cornejo no puede hacer vida política representando a una agrupación política; pues, no puede inscribirse como fundador o presidente ejecutivo de la organización política ‘Perú Primero’, este último nunca acató la decisión dispuesta por el máximo órgano normativo y jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, prueba de ello están los distintos pedido formulados (de viaje a provincias) y que han sido citados”, sostiene el requerimiento de prisión preventiva.
En ese sentido, recordó que el exfuncionario regional empezó a solicitar “permisos de viaje en su condición de presidente honorario y ya no como presidente ejecutivo” de la organización política. Una situación sobre la que el Poder Judicial fue contundente en su momento.
“(…) Quedó en evidencia que, para efectos de evadir la interpretación y prohibición efectuada por el Jurado Nacional de Elecciones, Vizcarra Cornejo se habría hecho designar como presidente ‘honorífico’, cuya función es representar al partido político en las provincias y los viajes cuya autorización solicita es con la finalidad de ejercer vocería”, sostuvo la Tercera Sala Penal de Apelaciones en un pronunciamiento recordado por la Fiscalía.
Al respecto, el despacho fiscal subrayó que la “postura” de Vizcarra ha sido la de no acatar las decisiones emitidas por dichas autoridades, lo cual permite inferir que frente al proceso penal", hoy en juicio oral, “al escuchar que la decisión final no le es favorable (condena), existe una alta probabilidad de que intente sustraerse de la acción de la justicia, es decir, no acatar la decisión judicial que se le pueda imponer”.
