Este jueves, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 6655/2023-CR y 7155/2023-CR, que crea el Registro de Prestadores de Servicio de Delivery mediante Plataformas Digitales de Reparto (Represede), con el objetivo de disponer la identificación del prestador de estos servicios.
Dicha iniciativa fue aprobada con 88 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones y posteriormente se le exoneró de segunda votación.
Esta iniciativa había pasado a un cuarto intermedio para un nuevo texto sustitutorio con aportes de los legisladores Américo Gonza y Adriana Tudela, pedido que fue aprobado por la presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Ana Zegarra.
Según indican, este proyecto tiene el fin de facilitar información las entidades públicas responsables de brindar los servicios de seguridad ciudadana respecto al prestador de servicios de delivery, a efectos de poder identificarlo y diferenciarlo de otros conductores de vehículos menores.
“La administración y actualización de este registro es de responsabilidad de cada municipalidad provincial, en coordinación con las municipalidades distritales”, señala la iniciativa.
Asimismo, para la inscripción en el Represede, indican que tiene que presentarse el Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería y otro documento de identificación vigente en el territorio nacional que lo habilite de poder realizar actividades económicos. En ese sentido, licencia de conducir vigente, una póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el certificado de revisión técnica.
“Las municipalidades distritales, en coordinación con las municipalidades provinciales, entregan al prestador de servicios de delivery, a través de Plataformas Digitales de Reparto, la constancia de inscripción en el Represede, en soporte físico, electrónico o análogo, según las características que establezca el reglamento”, refieren.
Como parte del análisis costo-beneficio de este dictamen, sostienen que la identificación de los prestadores del servicio de delivery va a mejorar las políticas públicas de seguridad ciudadana y en ese sentido, va a optimizar los procesos de fiscalización y vigilancia que desarrolla la PNP y gobiernos locales.
“Con la información que brinden las empresas operadoras de servicios de intermediación, a través de plataformas digitales de reparto, se mejorarán los procesos de investigación ante hechos que afectan la seguridad ciudadana y en la formulación de políticas públicas”, manifiestan.
También se menciona que el Estado percibe un beneficio sustantivo, al aumentar sus bases de datos sobre esta actividad.
“Con ello, puede dimensionar correctamente la actividad y su impacto en el país permitiendo también la adopción de medidas regulatorias y de política pública comprensivas y asertivas para con el sector”, precisan.
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