El juez Juan Carlos Núñez, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima, anuló en tiempo récord las investigaciones en contra deJosé Luna Gálvez, congresista y fundador del partido Podemos Perú.
Así, José Luna consiguió con un habeas corpus que el Poder Judicial anule tres investigaciones fiscales en su contra por delitos como lavado de activos, organización criminal y pago de sobornos.
Según un informe de “Punto Final”, las investigaciones que fueron anuladas incluían presuntos pagos ilícitos desde la universidad TELESUP al fallecido alcalde Luis Castañeda, a Iván Noguera sindicado por pertenecer a “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y la acusación de liderar la organización criminal “Los gánsteres de la política”, con el propósito de manipular a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para favorecer a su partido.
El 20 de enero de 2025, el abogado de José Luna, Miguel Ángel Soria Fuerte, exviceministro de Justicia, presentó una demanda de hábeas corpus ante el Poder Judicial.
De acuerdo al dominical, el juez Juan Carlos Núñez admitió la demanda y dos meses después le dio razón al excongresista anulando las carpetas fiscales en su contra.
Investigaciones anuladas involucraban acusaciones graves:
- Lavado de activos: Se le investigaba por transferencias de S/180 mil desde la desaparecida Universidad Telesup, de su propiedad, a la cuenta del fallecido exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre 2013 y 2015. Según la hipótesis fiscal, estos fondos estarían vinculados a la trama de corrupción del caso Lava Jato.
- Organización criminal y pago de sobornos: Otra investigación lo relacionaba con pagos de S/912 mil a Iván Noguera Ramos, exconsejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y miembro de la red “Los Cuellos Blancos del Puerto”, a través de Telesup.
- Manipulación de la ONPE: La tercera carpeta lo sindicaba como líder de la presunta organización criminal “Los Gánsteres de la Política”, acusada de pagar sobornos a miembros del CNM para designar a un jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que favoreciera la inscripción de su partido político
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