Luego que el gobierno promulgó la ley que permite que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos el Poder Judicial (PJ) se mostrpo en contra de la norma por vulnerar la Constitución Política del Perú.
MIRA: Gobierno promulgó ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables
Cabe precisar que el Ejecutivo promulgó este sábado 10 de mayo la Ley 32330, aprobada por el Congreso, la cual modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, declarando imputables penalmente a los adolescentes de 16 y 17 años que cometan asesinato, extorsión, violación sexual, entre otros delitos graves.
Tras ello, a través de un comunicado, el Poder Judicial rechazó la ley que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos penalmente imputables dentro del sistema penal ordinario, pues la considera incompatible también con los tratados internacionales de derechos humanos.
El PJ refiere que la citada norma vulnera el artículo 4 de la Constitución, que exige una protección especial para los adolescentes, asimismo la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la misma, que obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales.
“Esta reforma introduce un enfoque punitivo que desconoce la especial condición de los adolescentes, contraviniendo estándares nacionales e internacionales de protección”, se lee.
Dicho poder del Estado subraya que la ley contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece un sistema de justicia juvenil orientado a la rehabilitación, reintegración social y respeto por la dignidad de las personas menores de edad.
El PJ precisó que el Comité de Derechos del Niño ha expresado su preocupación ante normas que permiten juzgar a adolescentes como adultos, señalando que tales medidas resultan incompatibles con el principio de trato diferenciado.
“Además ha recomendado que todas las personas menores de 18 años sean procesadas exclusivamente bajo la jurisdicción del sistema de justicia juvenil, sin excepciones”, indica.
El Poder Judicial refiere que la norma promulgada actual gobierno vulnera el principio del interés superior del niño y el principio de no regresividad.
“Esto representa un retroceso en el nivel de protección alcanzado en materia de derechos de la niñez y adolescencia“, agrega.
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