El Poder Judicial reanuda este viernes 27 de junio el pedido fiscal de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de haber recibido S/2.3 millones en sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua.
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El juez Víctor Alcocer dirige la audiencia en la que se continúa con la réplica, dúplica y la intervención de Martín Vizcarra. El proceso busca determinar si se aplica la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

A su llegada a la sede judicial, el exjefe de Estado saludó a los presentes afuera del recinto antes de dirigirse a la audiencia.
Sobre el requerimiento de prisión preventiva, Vizcarra se defendió en redes sociales, afirmando que este “no busca justicia, busca silenciarme”.

Antecedentes del caso
La investigación contra Vizcarra se remonta al 16 de octubre de 2020, cuando la Fiscalía abrió una investigación preliminar en su contra y otros implicados –entre ellos exfuncionarios de las empresas Obrainsa e ICCGSA– por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
Las pesquisas se centraron en presuntos actos de corrupción en los proyectos Lomas de Ilo y el Mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua, adjudicados durante su gestión como gobernador (2011-2014).
El caso avanzó con las declaraciones de dos colaboradores eficaces, quienes revelaron irregularidades en las licitaciones. El 16 de diciembre de 2022, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, presentó un requerimiento acusatorio de 800 folios contra Vizcarra por cohecho pasivo propio, solicitando 15 años de prisión, 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de S/151,580.
Proceso judicial y medidas restrictivas
El 4 de enero de 2024, el Poder Judicial impidió la salida del país de Vizcarra por 12 meses para asegurar su presencia en el juicio. Posteriormente, el 5 de febrero, se archivaron los cargos por asociación ilícita y usurpación de funciones, pero el 3 de mayo se autorizó el juicio oral por cohecho pasivo propio.
El proceso se instaló el 28 de octubre de 2024, con el Ministerio Público manteniendo su pedido de 15 años de cárcel. El 17 de febrero de 2025, la Sala Penal de Apelaciones extendió por seis meses más el impedimento de salida del país, vigente hasta el 4 de julio de 2025.
Ante el vencimiento de esta medida, la fiscalía solicitó el 24 de junio la prisión preventiva por seis meses, argumentando el riesgo de fuga. El juez Alcocer reprogramó la audiencia para este jueves, luego de que el fiscal Juárez Atoche insistiera en la presencia física de Vizcarra.
Los cargos: sobornos en licitaciones
Según la acusación, Vizcarra habría recibido sobornos de dos empresas constructoras. En el caso de Lomas de Ilo, el fiscal sostiene que, en noviembre de 2013, el entonces gobernador se reunió con Elard Tejeda Moscoso (Obrainsa) para ofrecerle información privilegiada a cambio del 2% del costo directo de la obra (S/1,016,212.76). El contrato se firmó en diciembre de ese año.
Respecto al Hospital de Moquegua, se acusa a Vizcarra de solicitar un “donativo indebido” de S/1.3 millones al consorcio Hospitalario Moquegua (ICCGSA e INCOT) para no objetar la buena pro. El pago se habría materializado tras el primer adelanto de la obra. En total, la fiscalía calcula que el exmandatario recibió S/2.3 millones en coimas.
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