El Poder Judicial denegó el pedido de tres integrantes de la escolta presidencial —el comandante PNP Carlos Cárdenas, el mayor PNP Luis Angulo y el técnico superior PNP José Fernández— que buscaba el archivo de la investigación preliminar en su contra por el caso “Cofre Presidencial”.
La presidenta Dina Boluarte también está involucrada en la indagatoria por el presunto delito de encubrimiento personal.
Los abogados defensores de los efectivos sostuvieron que el plazo inicial de 90 días para la investigación culminó el 23 de diciembre de 2024 y que la notificación de la ampliación del plazo, emitida el 20 de diciembre, fue comunicada de manera extemporánea el 26 de diciembre.
La Fiscalía había declarado compleja la investigación y extendido el plazo por ocho meses adicionales, hasta el 23 de mayo de 2025.
En respuesta, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que el retraso en la notificación no afecta la validez de la ampliación del plazo fiscal.
Mediante una resolución del 14 de marzo, a la que accedió RPP, el magistrado declaró “infundada” la solicitud de los policías, en línea con una decisión previa adoptada en un caso similar presentado por la presidenta Boluarte.
El juez citó el artículo 144° del Código Procesal Penal, que señala que los plazos tienen como fin regular la labor de fiscales y jueces, y que su incumplimiento solo genera responsabilidades disciplinarias, sin invalidar las decisiones procesales.
La Fiscalía investiga a los implicados por el presunto uso del vehículo presidencial (“Cofre”) para facilitar la salida del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante un operativo policial realizado en febrero de 2024 en el distrito de Asia, Cañete. Las autoridades los acusan de encubrimiento personal en perjuicio del Estado.
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