El Poder Judicial dictó una sentencia de cuatro años de prisión contra el exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, tras determinar su responsabilidad en la autorización irregular de la construcción del centro comercial Mall Plaza Comas sin estudios técnicos. Sin embargo, la pena fue convertida en 208 días de servicio comunitario.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Anita Jesús Monteza Vásquez, quien en juicio oral expuso que en 2017 la empresa Mall Plaza Inmobiliaria S. A. presentó a la Municipalidad de Comas la solicitud de habilitación urbana con fines comerciales, además de la licencia de edificación del proyecto.
Según la Fiscalía, el trámite fue aprobado de manera acelerada y favorable a la compañía, omitiendo los estudios de impacto ambiental y vial que eran obligatorios.
Durante el proceso administrativo y en la etapa de levantamiento de observaciones, la comuna recibió una donación de 200 toneladas de rocas por parte de la empresa para trabajos de prevención en el río Chillón. Para el Ministerio Público, este hecho evidenció un interés indebido que influyó en la decisión de las autoridades ediles.
El fallo concluyó que Saldaña incurrió en el delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Distrital de Comas, al no ejercer control ni supervisión sobre los trámites irregulares que facilitaron la ejecución de la obra.
La misma sanción se impuso a otros exfuncionarios: Jorge Ávalos, exsubgerente de Planeamiento Urbano, por aprobar la habilitación urbana; Juan Amésquita, exsubgerente de Obras Privadas, por autorizar la licencia de edificación; y Lourdes Sánchez y Alejandro Odar, exservidores municipales, por elaborar los informes que respaldaron la construcción.
Entre los principales elementos de prueba presentados en juicio se incluyeron la denuncia de parte, testimonios técnicos y documentos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Además de la condena a servicio comunitario, los procesados recibieron cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, deberán asumir de manera solidaria una reparación civil de 40 000 soles a favor del Estado.
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