El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) presentó una impugnación contra la incautación de sus propiedades en San Isidro y Cieneguilla, ordenada por la Fiscalía de Extinción de Dominio.
La Fiscalía sostiene que los bienes fueron adquiridos con dinero ilícito proveniente de Odebrecht, a través de la empresa Westfield Capital, vinculada a PPK. Sin embargo, su abogado defensor, Julio Midolo, niega estas acusaciones y asegura que no existen pruebas concluyentes que respalden dicha afirmación.
Según la investigación del Equipo Especial Lava Jato, la vivienda en San Isidro fue comprada en 2002 por USD 695,000 y vendida en 2006 por el mismo monto. En el caso de la propiedad en Cieneguilla, la adquisición se realizó en 2004 por USD 320,000 bajo un esquema similar.
La Fiscalía alega que estos fondos estarían relacionados con pagos ilícitos de Odebrecht, empresa brasileña involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.
La defensa de Kuczynski ha presentado una demanda de amparo y busca excluir al expresidente de la acusación por organización criminal.
Midolo también denunció que las medidas en su contra incluyen el bloqueo de sus cuentas bancarias y la retención del 30% de su pensión, lo que afectaría su sustento económico. “No hay pruebas que respalden el origen ilícito de los fondos utilizados para comprar estas propiedades”, afirmó el abogado.
En un giro relacionado, la justicia peruana archivó el caso contra José Luis Bernaola, exchofer de PPK, al no encontrar pruebas suficientes para imputarlo por lavado de activos. Este fallo ha sido visto por algunos como un precedente que podría influir en el caso del expresidente.
El proceso judicial sigue abierto. En agosto de 2024, un tribunal anuló la incautación de los inmuebles, pero la devolución no se ha ejecutado debido a una medida cautelar en el proceso penal. La próxima decisión clave está prevista para marzo, cuando el Poder Judicial determine si Kuczynski continúa siendo investigado por organización criminal o si es excluido del caso.
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