Foto: PPK
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El juez Jorge Chávez Tamariz fijó para el próximo 6 de mayo la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y otros, por el delito de lavado de activos en organización criminal, en perjuicio del Estado.

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El Ministerio Público también presentó acusaciones contra Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola como presuntos autores del delito de lavado de activos en el contexto de una organización criminal, involucrados en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento de fondos ilícitos.

Además, de acuerdo al expediente divulgado por el diario El Comercio, las entidades jurídicas Westfield Capital y First Capital son objeto de investigación por haber sido instrumentalizadas en la comisión del delito de lavado de activos, específicamente en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento de fondos ilícitos.

También se señala a Dorado Asset Management Limitada por haber sido utilizada en la comisión del delito de lavado de activos, involucrada en las modalidades de conversión y ocultamiento de activos.

De igual manera, se señaló a Latin America Enterprice Fund Managers Llc por haber sido utilizada para llevar a cabo el delito de lavado de activos, específicamente en la modalidad de conversión y transferencia.

Es importante destacar que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó acusación contra PPK por el delito de lavado de activos con el agravante de pertenencia a organización criminal, solicitando 35 años de prisión en su contra.

La Fiscalía acusó al exmandatario de supuestamente liderar una organización criminal que habría recibido más de US$ 12 millones de la constructora Odebrecht y otras empresas en forma de consultorías y asesorías encubiertas por los proyectos Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.

En junio de 2022, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria incorporó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación relacionada con Kuczynski Godard. Estas empresas habían suscrito contratos de asesoría financiera con la empresa brasileña Odebrecht para los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur y el proyecto de Trasvase Olmos.

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