El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que la mandataria Dina Boluarte es víctima de un “acoso sistemático” por parte de un sector del Ministerio Público y de algunos medios de comunicación, quienes —en su opinión— estarían intentando desestabilizar al Ejecutivo y “minar la institucionalidad” con fines políticos.
A través de una columna publicada en el diario oficial El Peruano, el premier señaló que cada semana se filtran investigaciones contra Boluarte y otros altos funcionarios, lo cual considera un uso indebido del proceso penal con fines desestabilizadores.
“Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, a dar un golpe blanco. Quieren hilar una vacancia desprestigiando a la Presidenta”, escribió Adrianzén.
El jefe del gabinete consideró que si bien el Gobierno respeta la independencia de poderes y la libertad de prensa, existen “excesos” del Ministerio Público, como el allanamiento a la residencia de la presidenta en marzo del 2024, el cual “afectó la dignidad” de Boluarte.
“Este atropello a la Presidenta data de hace casi un año, cuando se allanó cinematográficamente su casa, lo que afectó la dignidad de la Presidencia de la República y de la persona que, insisto, representa a todos los peruanos”, indica en su columna de opinión.
Adrianzén también recordó que el artículo 117 de la Constitución limita los motivos por los que un presidente en funciones puede ser acusado, y sostuvo que los presuntos delitos imputados a Boluarte no encajan en ninguno de los cuatro supuestos previstos por la norma.
“El Ministerio Público debería tener precaución cuando formula denuncias contra la Jefa del Estado porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los 4 delitos por los que puede ser acusada: traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad”, explica.
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